El PRD poblano pasa por complicadas dificultades económicas, producto de un error del Instituto Estatal Electoral (IEE) que, en su momento, le recortó dos terceras partes del financiamiento público que le correspondía en este año y por enfrentar sanciones por más de 3 millones de pesos, mismas que fueron producto de un mal manejo de las prerrogativas que recibió el partido y cuya responsabilidad recae –principalmente– en los hermanos Roxana y Vladimir Luna Porquillo.
Entre los años 2012 y 2016, los hermanos Luna Porquillo parecían ser la alternativa de salvamento y renovación del PRD, pues en esa época se destacaron por luchar contra el autoritarismo del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y al mismo tiempo, construyeron un importante movimiento social en la región de San Pedro Cholula.
Sin embargo, ellos mismos –en el proceso electoral de 2018– renunciaron a sus convicciones y se volvieron aliados del morenovallismo, a cambio de posiciones en la administración de la panista Martha Erika Alonso Hidalgo, proyecto que no se concretó por la repentina muerte de la titular del Poder Ejecutivo a 10 días de haber asumido el cargo.
A lo anterior, se debe agregar los daños económicos causados al instituto del sol azteca por una deficiente comprobación de los fondos públicos recibidos por esta fuerza política.
Una prueba de lo anterior es que, en junio pasado, los hermanos Luna Poquillo fueron enviados a Tamaulipas a apoyar la campaña de César Augusto Verástegui Ostos, mejor conocido como “El Truko”, quien fue el aspirante a la gubernatura de la alianza del PRI, el PAN y el PRD, así como a los candidatos que compitieron únicamente bajo las siglas perredistas.
El resultado fue catastrófico: el PRD en Tamaulipas sacó una votación vergonzosa de apenas 20 mil 572 sufragios, que le hizo perder el registro como partido local, al obtener el 1.5 por ciento de la participación ciudadana en las urnas.
Los votos del PRD fueron superados por 710 mil sufragios de Morena y alrededor de 530 mil votos del PAN. Es decir, su competencia fue nula.
Y un año antes, en San Pedro Cholula los hermanos Luna Porquillo primero postularon por el PRD como candidata a edil a Cristina Ruiz Rangel, para luego abandonarla y pasarse del bando de la panista Paola Angón. Al final los perredistas obtuvieron una cantidad pírrica de votos.
El mayor daño provocado al PRD ha sido económico, de la siguiente manera:
Cuando Roxana Luna Porquillo fue candidata del PRD a la gubernatura de Puebla en el año 2016, cuando todavía aparentaba ser opositora al morenovallismo, mucho del gasto que realizó en su campaña electoral se quedó sin comprobar. De la Secretaría de Finanzas del partido varias veces le pidieron, le insistieron hasta el cansancio, que colaborara a solventar los pendientes y nunca respondió positivamente.
Al final, por ese yerro le impusieron al PRD una sanción por arriba de los 900 mil pesos.
Cuando el morenovallista Jorge Benito Cruz Bermúdez dejó la presidencia estatal del PRD, para asumir el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el partido se quedó a cargo de Vladimir Luna Porquillo, quien en la actualidad sigue siendo secretario general del instituto del sol azteca poblano.
De esa época, volvió a surgir una fuerte sanción económica contra el PRD por un monto que oscila entre el 1.5 y 1.7 millones de pesos, de igual manera por una deficiente comprobación de las prerrogativas.
Tales sanciones han venido generando un fuerte desajuste económico en las finanzas del PRD, que este año hicieron crisis por un dislate del IEE.
Del financiamiento público que le tacaba al PRD, la autoridad electoral lo calculó como si se tratara de un partido con registro local y no de una fuerza política con presencia nacional.
Por esa razón de 15.8 millones de pesos que le correspondía de financiamiento público para el presente ejercicio anual, solamente le otorgaron al PRD la cifra de 5.6 millones de pesos, que lo dejaba en condiciones de no poder enfrentar sus gastos programados.
Hasta después de mayo pasado, el Tribunal Electoral de Estado de Puebla resolvió que había sido incorrecta la asignación de fondos públicos, ordenando que se le restituyera 10.2 millones de pesos al Partido de la Revolución Democrática, el cual es un fallo que fue impugnado por el PRI, el PVEM y el PSI.
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