Policía de Izúcar detuvo y agredió sexualmente a dos hijas de un periodista crítico de la edil Irene Olea

Lo que parecía ser una noche serena y de arduo trabajo para dos jóvenes periodistas de Izúcar de Matamoros, Natalie y Michelle Hoyos López, se convirtió una pesadilla. Cuando se proponían dejar en su domicilio a una activista feminista del movimiento Marea Púrpura se percataron que eran seguidas por agentes de la Policía Municipal que, sin existir un delito o una falta administrativa, las detuvieron con violencia para después incomunicarlas, torturarlas y abusar sexualmente de ellas. Fueron cinco horas de tormento y al final, en la actuación oficial del juez de paz, se dijo que habían sido arrestadas porque “ensuciaron” la ciudad.

Fueron seis a los que arrestaron, un hombre y cinco mujeres. A las detenidas las esposaron, las subieron a la batea de una camioneta, las llevaron a los separos policiacos y ahí, las habrían desnudado, las golpearon debajo de los senos y les abrieron la vagina, para supuestamente “revisarlas”.

Las agredidas eran periodistas y activistas que estaban preparando la marcha del Día Internacional de la Mujer, programada para el 11 de marzo pasado. Este hecho muestra que no fue “blanco” el saldo de la conmemoración del 8M, tal como afirmó el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta.

Según el testimonio de las víctimas, en todo momento, los agentes de la Policía se justificaron que esa agresión se debía dos razones: el odio de la edil de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, en contra del movimiento feminista, y hacia los periodistas que le hacen daño a su administración.

Todo apunta a que se habría tratado de un acto de represión política y atentado contra la libertad de expresión debido a que las dos periodistas son hijas de Miguel Hoyos Bravo, el director de Enlace de la Mixteca, que es un medio de comunicación crítico del errático gobierno de Irene Olea Torres.

Una de las dos periodistas agredidas colaboró con La Jornada de Oriente cubriendo la cobertura de la elección de Irene Olea en el año 2021.

“Están echando mucho desmadre en la ciudad”

Marea Púrpura es un movimiento que lucha contra la violencia hacia las mujeres y a favor de la despenalización del aborto. Para el caso de Izúcar de Matamoros, sus integrantes decidieron organizar la marcha por el 8M el día 11 de marzo. Previo a ello, una noche antes, hubo una avanzada que realizó manifestaciones artísticas en diferentes partes de la ciudad.

Natalie y Michelle Hoyos López se desempeñan como reportera y como fotoperiodista, respectivamente, de Enlace de la Mixteca. La primera de ellas también es la corresponsal de E Consulta. La noche del 10 de marzo, a las 21:50 horas, dieron alcance frente a la Iglesia de Santa María –en el zócalo del municipio—a Citlalli Soriano Ortega, integrante de Marea Púrpura, para dar cobertura a los actos artísticos que el colectivo feminista desarrolló. En total eran 14 personas las que estaban ahí, 13 mujeres y un hombre.

De acuerdo con la denuncia que las periodistas agraviadas presentaron bajo el número de expediente FGEP/CDI/FECC/MUN-1/000187/2023, los hechos habrían ocurrido de la siguiente manera:

A las 23:30 de la noche las periodistas decidieron retirarse, luego de concluir su labor informativa. Ofrecieron llevarse a la activista Xóchitl Cortés Rodríguez y otras dos mujeres a sus respectivos domicilios, a bordo de una camioneta blanca, marca Mercedez Benz, la cual era manejada por Manuel David Barrales Rendón.

15 minutos más tarde, en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Lomas de Alchichica, cuando hicieron una parada, fueron interceptados por una camioneta pick up de la Policía Municipal, que ya los seguía de mucho tiempo atrás y bajaron de ese vehículo cinco policías, cuatro hombres y una mujer.

Con armas largas les apuntaron a las reporteras y las activistas para someterlas, esposarlas y aventarlas a la batea del automotor oficial. Uno de los uniformados expresó –según la demanda— lo siguiente: “Ya valieron madres, las vamos a chingar, bájense del vehículo, porque si no las vamos a desaparecer… tenemos reportes de que están haciendo mucho desmadre en la ciudad”.

En unos minutos la presencia policiaca se incremento a dos patrullas y tres motocicletas. Eran en total 18 agentes. Todos con armas largas. De ahí se llevaron a las reporteras a unos separos en la avenida La Traconera, en el retorno Limones y la calle Naranjo.

Adentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública las habrían desnudado, sin quitarles las esposas. Las golpearon debajo de los senos. En algún momento llegó una mujer policía y les habría abierto la vagina, supuestamente para revisar que no ocultaran algo ahí. Previó a ello, les esculcaron sus pertenencias y al parecer les extrajeron más de 7 mil pesos en efectivo.

A lo largo de cinco horas, las interrogaron varias veces. Les preguntaban sus datos y les exigían que dieran los nombres y direcciones de las integrantes del colectivo Marea Púrpura. La amenaza era persistente: “Las vamos a desaparecer”.

En algún momento, cuando las agraviadas expusieron que ellas era periodistas, que estaban cubriendo los preparativos de la marcha, hubo una expresión muy elocuente de un agente policiaco: “Se hizo una gran detención porque detuvimos a dos mujeres que se la pasan chingando con su medio” (sic), sin dejar de remarcar que la edil Irene Olea “va a estar muy contenta” con lo ocurrido.

Casi a las 5 de la madrugada el juez de paz, Jesús Venancio Castro, dejó en libertad a las detenidas, exigiendo el pago de mil 900 pesos de multa por cada una de los agraviadas. Natalie Hoyos salió a las 4:52 horas y Michelle a las 4:56 horas.

En el folio oficial 0393 se establece que ambas comunicadoras violaron el artículo 27, fracción I, del Bando de Policía y Buen Gobierno de Izúcar de Matamoros, en donde se sanciona “a quien maltrate o ensucie cualquier espacio público”.

No cabe duda de que Izúcar de Matamoros se ha convertido en un territorio peligroso para el ejercicio periodístico por obra y gracia de la edil Irene Olea, con la complicidad de su secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Enrique Ramírez, y el director de Comunicación Social, Javier Puga.

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