El activista Manuel Bruno Bravo ha denunciado que se destruyó un acueducto antiguo en una de las obras de rehabilitación del drenaje del Centro Histórico de Puebla, lo cual pone en evidencia que no hay arqueólogos supervisando los trabajos en un área que pertenece a la zona monumental de la capital. Efectivamente, no existe la debida intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque al parecer funcionarios de este organismo habrían intentado hacer pingues negocios con la labor a la que están obligados y querían cobrar unos 4 millones de pesos por revisar el desarrollo del proyecto hidráulico.
Un asunto que vuelve a colocar al Centro INAH de Puebla en la sospecha de que hay una profunda red de corrupción y abusos. Situación que se ha evidenciado con la lenta y desconcertante reconstrucción de edificios con valor histórico que se dañaron en el sismo de 2017, que según los últimos reportes –de principios de 2023—, a un lustro del movimiento telúrico aún se tiene un atraso del 40 por ciento, en los 489 monumentos que debían ser intervenidos.
En junio de 2020, el entonces encargado del Centro INAH de Puebla, Ambrosio Guzmán Álvarez, denunció que había un entramado de corrupción que retrasó severamente la reconstrucción de los inmuebles dañados en el sismo de 2017.
Al final, el INAH sustituyó a Ambrosio Guzmán por Manuel Villarroel Vázquez, quien es el actual titular en Puebla. Sin embargo, no se avanzó como es debido en la reconstrucción en cuestión y tampoco se supo que se haya investigado la supuesta corrupción en este organismo público, por lo menos en lo que concierne a la entidad poblana.
Lo que recientemente sucedió en el Centro Histórico, según una fuente allegada al gobierno de la ciudad de Puebla, esto es lo que habría ocurrido:
Desde marzo y abril de este año en que se hizo la planeación de las obras de rehabilitación de varias calles del Centro Histórico de la ciudad de Puebla –en las que interviene la empresa concesionaria del agua para sustituir las redes hidráulicas–, se planteó el solicitar la intervención del INAH, tal como lo dicta las normas que protegen el patrimonio cultural, para que hubiera una supervisión permanente en caso de encontrarse vestigios arqueológicos.
Todo indica que el ayuntamiento de la capital cumplió en tiempo y forma de presentar los proyectos ante las autoridades competentes, además de solicitar la supervisión del Centro INAH Puebla.
La ruta más sencilla era que la representación en Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia solo nombrara a un arqueólogo para estar de tiempo completo en esa labor. O en todo caso, contratar temporalmente a un grupo de cinco profesionistas de esa área por si consideraba que el área a intervenir requería de mayor personal.
Para sorpresa de la autoridad municipal, dicen los que saben de este asunto, es que un día les comunicaron del Centro INAH Puebla de que “ya está listo el proyecto, con todo y costos”.
Y un verdadero desconcierto se habría generado cuando se enteraron de que el INAH quería cobrarles, algo así como entre 3.5 y 4 millones de pesos.
Los argumentos que habría esgrimido el Centro INAH de Puebla: es que se tiene que contratar a un número importante de arqueólogos, se les debe pagar viáticos y comprar material de trabajo, además de rentar un inmueble en el Centro Histórico y varios vehículos.
¿Por qué resultó un exceso esa cifra supuestamente solicitada por el INAH?
¿Por qué causó extrañeza y malestar dicho presupuesto?
Por dos razones:
Primera: en los trabajos del Tren Maya, que es una de las obras más emblemáticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAH contrató de manera temporal a docenas de arqueólogos a los que se les paga entre 12 mil y 16 mil pesos al mes, más alimentación, transportación, material de trabajo, alojamiento y servicios médicos.
Para las obras del Centro Histórico, dice alguien que sabe del tema y fue consultado por este tecleador, a lo mucho se tendría que haber contratado un solo arqueólogo o en caso de que se justificara, un grupo de 5 profesionistas en vestigios históricos.
Si se toma en cuenta que se les estaría pagando un promedio de 12 mil pesos al mes y las obras van a durar, entre mayo y septiembre de este año, entonces se tendría un gasto máximo de 300 mil pesos correspondientes a los sueldos, más impuestos.
A lo mucho, de material de trabajo, se tendría que usar unos 200 mil pesos. Y no es necesario pagar viáticos, alojamiento y contratar instalaciones, si se toma en cuenta que, a 15 minutos del sitio de las obras, están las instalaciones del Centro INAH Puebla.
Segunda: lo del Tren Maya ha sido una labor titánica porque en los tramos que van de Calkini a Izamal, entre los estados de Campeche y Yucatán, se encontraron 3 mil vestigios antiguos en las labores de construcción de la obra. Mientras que, entre Calakmul y Escárcega, que es territorio de Campeche, hubo alrededor de 10 mil vestigios, lo cual provocó que hubiera un cambio de 21 trazos de las vías férreas que se están instalando.
Para el caso del Centro Histórico de Puebla, ya es una zona que se ha intervenido en varias ocasiones. Ya se sabe lo que se debe proteger y no se necesita una labor de un equipo grande, con enormes gastos y material de trabajo abundante.
Todo lo anterior habría provocado que el ayuntamiento de Puebla rechazara el presupuesto en cuestión.
Y en segundo lugar, tampoco el Consejo Nacional de Arqueología habría estado de acuerdo en esa cantidad de 4 millones de pesos.
Eso provocó que, el pasado 8 de mayo, iniciaran las obras del Centro Histórico sin la presencia del INAH.
Al parecer en los últimos días ya ha existido una supervisión del instituto, dependiente del gobierno federal, pero no de la manera en que se esperaba.
En la pasada columna, casi hasta el final, se escribió que Rafael Moreno Valle Rosas “desertó al PAN” en el año 2006, cuando lo correcto tenía que ser: desertó del PRI para ingresar al PAN.
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