Edil y policías de Izúcar se niegan a declarar ante la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) ya emitió los primeros citatorios para los implicados en la presunta detención ilegal y abuso sexual de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, hechos ocurridos entre la noche del pasado 10 de marzo y la madrugada del día siguiente en los separos de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros. Hasta ahora la respuesta del ayuntamiento de esa ciudad fue no permitir que los funcionarios públicos convocados se presentaran a comparecer ante el Ministerio Público Federal (MPF).

Ha trascendido que los primeros en ser llamados a declarara habrían sido siete agentes de la Policía Municipal, que serían los directamente involucrados en supuestamente haber interrogado de manera violenta y haber desnudado a las hermanas Michelle y Natalie, para exigirles que revelaran la identidad de las organizadoras de una marcha por el Día Internacional de Mujer en Izúcar de Matamoros.

Y que la segunda citación, al parecer, fue para la presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, quien habría sido llamada para que responda por qué su gobierno toleró dicha intervención policiaca violatoria de los derechos constitucionales de dos periodistas, que fueron detenidas, incomunicadas y vejadas bajo el cargo de que habían “ensuciado la ciudad”.

La semana pasada, de manera inesperada, hubo un cateo de la FGR en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Izúcar de Matamoros. Un grupo de 9 agentes federales, a lo largo de cuatro horas, incautaron documentos y recabaron otras evidencias como parte de la investigación que se desarrolla para el abuso denunciado por las comunicadoras agraviadas.

Días antes, ha comentado una fuente bien informada, ya había sido notificado el gobierno local de dos citatorios para que los servidores públicos involucrados rindan una declaración ministerial.

Es cierto que es un derecho de cualquier persona el no atender una primera convocatoria del MPF y hasta un tercer llamado que no se atiende, se cae en desacato ante la autoridad ministerial.

Sin embargo, ha trascendido que el gobierno de la edil Irene Olea Torres ha entrado en una parálisis frente a este espinoso asunto, ya que ha podido armar una explicación convincente que evite cargos penales por la agresión que sufrieron las periodistas y un grupo de activistas del colectivo Marea Púrpura.

El no acudir a los primeros citatorios no fue parte de una estrategia jurídica, sino es un reflejo de que el gobierno matamorense no sabe cómo contestar a la demanda por tener todas las pruebas en su contra.

Se dice que la edil Irene Olea supuso que la acusación por el abuso policiaco sería únicamente investigada por la Fiscalía General del Estado y confiaba que, esta instancia, le daría “carpetazo” a dicho asunto y no permitiría una investigación de fondo.

Al final la tomó por sorpresa que este caso cayera en el ámbito federal y la FGR esté acelerando las indagatorias, sin ninguna posibilidad de frenar dicho asunto que, al parecer, está siendo observado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de a República.

Irene Olea siempre ha querido justificar todos los yerros y la pobreza de su gobierno argumentado que es bloqueada, hostigada, por quien fue su mentor político, Melitón Lozano Pérez, dos veces ex edil de Izúcar de Matamoros y ex secretario de Educación en el gobierno estatal.

Esa estrategia poco o nada le ha servido, pues abundan las denuncias de abusos de parte de la policía local y es perceptible que en los errores de su gobierno en nada tiene que ver Melitón Lozano, ni otros liderazgos regionales de Morena, con lo que se ha confrontado, pese a que llegó al cargo bajo las siglas del Partido de Regeneración Nacional.

Natalie y Michelle Hoyos López la noche del 10 de marzo acudieron, en su calidad de reporteras locales, a cubrir unas actividades artísticas del colectivo Marea Púrpura, previo a la realización de la marcha del Día Internacional de la Mujer, que para el caso de Izúcar de Matamoros se organizó para el día 11 de marzo.

Cuando ya se dirigían a su domicilio –de acuerdo con la denuncia ministerial que levantaron las afectadas— un grupo numerosa de agentes policiacos de Izúcar de Matamoros las rodearon, las detuvieron, las incomunicaron y las desnudaron para tocarles sus genitales, bajo el pretexto de que era una revisión.

Algunos agentes policiacos –dice el documento en cuestión—las interrogaron para que “revelaran” quien financiaba y organizaba la marcha feminista, como si se tratara de un acto terrorista.

Y otros uniformados –dice las jóvenes en su declaración ministerial— se ufanaron que la detención era para agradar a la edil, que tiene una mala relación con el periodista Gustavo Hoyos, el padre de las reporteras.

Frente a todos estos hechos, Irene Olea no ha podido decir qué pasó en torno a las periodistas Natalie y Michelle Hoyos López, según su versión personal.

Alguien le necesita recordar a la edil que, en diciembre de 2005, el entonces todo poderoso gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acabó con su prestigio público por pensar que no pasaba nada en mandar a detener a una periodista “cabrona”, para darle “coscorrones” en escarmiento, porque se creía “Dios en el poder”. Esa periodista se llama Lydia Cacho Ribeiro.

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