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Martes, 20 de Febrero de 2024

La narrativa migratoria se endurece en Estados Unidos

11 Febrero, 2024
Ricardo Monreal

Se espera que el 7 de febrero se someta a votación del Senado de Estados Unidos un proyecto de ley bipartidista de seguridad nacional, que vincula apoyos a Ucrania e Israel con la imposición de cambios en política fronteriza. El proyecto fue resultado de meses de negociaciones entre el senador republicano James Lankford, el senador demócrata Chris Murphy y su colega independiente Kyrsten Sinema.[1] Patty Murray, senadora demócrata por Washington y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, habló en el Pleno de la Cámara sobre este paquete e instó a sus compañeras y compañeros legisladores a aprobarlo.

Las diferentes partidas de este paquete presupuestario suman más de 118 mil millones de dólares. La mitad se destina para apoyar a Ucrania, 20 mil millones para reforzar la frontera y más de 14 mil millones se dirigirán a Israel. La ley también contempla recursos para atender el conflicto en el Indopacífico, el mar Rojo y para ayuda humanitaria en Ucrania, Gaza y Cisjordania.[2]

El año pasado, un paquete presupuestario por 106 mil millones de dólares para Ucrania, Israel y otros asuntos se enfrentó a la resistencia de numerosos republicanos, que exigieron vincular esta solicitud con cambios para endurecer la política fronteriza. El líder de esa fracción en el Senado, Mitch McConnell, de Kentucky, afirmó que la “mejor manera” de garantizar el apoyo de su partido para Ucrania era que el presidente Joe Biden y los demócratas impusieran cambios en la política fronteriza, para limitar el flujo de personas que llegan desde la frontera sur.[3] Entonces, la apuesta del mandatario fue “ampliar la coalición política potencial para asegurar la aprobación de la legislación”.[4]

Reformas migratorias

La sección de migración de la ley introduce la mayor cantidad de cambios en el tema desde la época del presidente Ronald Reagan (1981-1989).[5] Por una parte, hace más estrictos los controles en la frontera y, por la otra, incluye algunas vías legales para ampliar la migración. La iniciativa establece una nueva autoridad para cerrar la frontera a quienes intentan cruzar a Estados Unidos sin autorización, en casos en que el flujo se “desborde”. La propuesta es que este procedimiento se active de manera obligatoria, si se registran más de 5000 intentos de cruces irregulares de inmigrantes —en promedio— en una semana u 8500 en un día determinado. Si la media es entre 4000 y 5000 casos diarios, esta medida sería opcional. Los encuentros tendrían que caer a un promedio diario del 75 por ciento de esos umbrales, en el transcurso de una semana, para desactivar la disposición.[6] Como referencia, en 2023, el número promedio de intentos de cruces de manera irregular diaria fue superior a 7000. En diciembre, se registraron más de 10,000 cruces de personas por día.[7]

La ley dispone que, incluso cuando la frontera esté “cerrada” para las personas migrantes, estarán disponibles 1400 citas por día para solicitantes de asilo que usen la plataforma electrónica cbp One y entren por puertos de entrada certificados para empezar con su proceso de determinación de asilo. Asimismo, el proyecto endurece los requisitos para probar que las y los inmigrantes tienen un “temor creíble” de persecución, si regresan a sus países de origen.[8] Los cambios también contemplan que se resuelvan más rápido estas solicitudes y que quienes pasen la evaluación inicial puedan obtener permisos de trabajo. Las entrevistas de asilo se realizarían a varios días de la llegada, y las decisiones finales se adoptarían a los pocos meses. Actualmente, el proceso puede durar años.[9]

La iniciativa incluye, asimismo, pagos adicionales para más espacios de revisión y detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, además de recursos para contratar más agentes de la Patrulla Fronteriza, oficiales de deportación y de asilo. También proporciona fondos para financiar el retorno de las personas que no pueden permanecer en Estados Unidos, y se prevé una partida para compensar a ciudades como Nueva York y Chicago, que han estado recibiendo a grupos de inmigrantes irregulares.[10]

Por otra parte, el proyecto de ley incluye varios cambios menores al sistema de inmigración legal. Crea 50,000 tarjetas verdes adicionales por año durante un quinquenio, divididas entre categorías familiares y laborales, y contiene una solución que protegería a las y los hijos de titulares de visas de largo plazo. En este apartado, algunos analistas consideran que podrían beneficiarse los llamados dreamers, quienes son hijos e hijas de inmigrantes irregulares y llegaron en su infancia a Estados Unidos.[11] Hay diferentes tipos de visas de residencia permanente. Cada año, un millón de personas obtiene este estatus migratorio.[12]

La ley ha recibido ataques desde diferentes fuerzas políticas. Del lado republicano se considera que no es lo suficientemente dura en el tema migratorio; por ejemplo, no lograron que se incluyeran en ella límites al poder del presidente para admitir la entrada de inmigrantes al país bajo libertad condicional humanitaria, lo que les permite vivir y trabajar en forma temporal en Estados Unidos. En este régimen se amparan las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.[13] Además, los republicanos señalan que el presidente Biden alienta a las personas migrantes a intentar cruzar la frontera, al relajar las restricciones impuestas durante el mandato de Donald Trump.[14]

Por otra parte, algunos demócratas insisten en que con estas disposiciones se altera el sistema de asilo estadounidense. Otra crítica es que se deja fuera a jóvenes inmigrantes sin documentos, que llegaron al país durante su niñez. Existen 544,690 dreamers que reciben protección temporal contra la deportación, bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). En total, se estima que hay más de dos millones de “soñadores” en Estados Unidos.[15]

Proceso legislativo

En el Senado se necesitan 60 sufragios para llevar los proyectos de ley a votación final.[16] Ese umbral garantiza que, para aprobar una legislación, el partido mayoritario debe obtener cierta aceptación de la minoría.[17] Actualmente, hay 48 senadoras y senadores demócratas, y tres independientes que suelen votar con este bloque, frente a 49 asientos del Partido Republicano. La votación en el Senado se ve incierta, pero es más complicado que esta ley se apruebe en la Cámara de Representantes: los republicanos de más alto rango allí, Steve Scalise y Mike Johnson, se han opuesto públicamente incluso a que se produzca una votación.

En el arranque de las campañas hacia las elecciones de noviembre de 2024, el tema migratorio es una constante en la narrativa de las y los candidatos republicanos, que buscan endurecer las prácticas fronterizas. El presidente Joe Biden respondió a este llamado con una iniciativa que definió como “la más dura” y justa que hayan tenido.[18]

Obstruir la frontera no es una opción. En un evento extremo, en diciembre de 2023, los agentes fronterizos cerraron abruptamente, en Eagle Pass, el puente por el que pasaban los trenes de mercancías de México a Texas. Entonces se demostró que esta estrategia no resuelve el problema migratorio, y que es muy costosa para las economías de los dos países. No es la vía. El camino debe ser el diálogo, insistir en combatir las causas de raíz de la migración, mejorar las condiciones de vida en los países expulsores y que las personas tengan opciones para permanecer en sus hogares.

En este sentido, las reuniones periódicas de integrantes de los gabinetes de seguridad de Estados Unidos y México deben continuar y fortalecerse.

La aspiración es construir vías legales de movilidad y también promover un flujo migratorio seguro, ordenado y regular, pues —como ya he mencionado en otros espacios— el movimiento de personas no se detendrá ni desaparecerá. Para lograr este objetivo, se requiere concretar acuerdos bilaterales y regionales, así como políticas públicas adecuadas, con la colaboración de las autoridades migratorias. La visión debe ser multidimensional, con esquemas coordinados de prevención y seguimiento de delitos contra las personas migrantes, y con marcos legislativos y políticas públicas hacia la integración en el largo plazo.

 

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