Si el mapa delictivo que diseñó el diario El Universal en el contexto del anuncio de la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de parte Omar García Harfuch secretario de Seguridad, tiene validez, habrá confirmado la presencia de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puebla y Tlaxcala.
Eso explicaría la presencia creciente de personas de origen venezolano y colombiano en ambos territorios, un fenómeno migratorio cada vez más creciente y hasta normalizado, pero inexplicable aún por parte de responsables de seguridad y migración.
Desde la detención en mayo pasado de Tania Félix N., la diputada local suplente vinculada con el presunto líder de la célula delictiva denominada “operativo barredora” del CJNG en una propiedad del líder priista Juan de Dios Bravo Jiménez, la teoría de la presencia del brazo delictivo de la agrupación criminal fundada por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” se ha consolidado a partir de eventos sangrientos en la capital que ya no admiten duda.
Juan N., “El Apá” o “El Moreno”, ha dejado desde su estancia en el territorio una estela de ejecuciones y mensajes para otros grupos delictivos que no dejan de sorprender por la audacia y la temeridad no puede tener otra explicación que la omisión institucional.
Uno de los que más inquietud ha despertado es la del incendio de un auto con restos humanos de un personaje que previamente había sido levantado en la plaza comercial Solesta, a las afueras del Centro de Control, Cómputo, Comando en el Periférico Ecológico, a la altura del municipio de Cuautlancingo.
Cautas hasta el extremo, las autoridades han evadido poner nombre y apellido a quienes han estado detrás de los eventos sangrientos de las últimas semanas y meses en un periodo particularmente complejo, con la sucesión gubernamental en Puebla el 15 de octubre y en el estado, el 14 de diciembre.
Ingenuo resulta suponer que la estancia de El Apá o El Moreno haya sido ignorado por mandos de agrupaciones uniformadas o responsables de hacer indagatorias para perseguir delitos. El vínculo entre mandos corporaciones y cabecillas delictivas es indisoluble.
Mas aún, resulta inverosímil asumir que la actividad delictiva en el territorio de quien se ha identificado como el cabecilla del “operativo barredora” haya estado ajena a la política partidista a la luz de la relación sentimental de quien presumió en redes sociales selfies con la cúpula política poblana, Tania N.
Incluso las candidaturas suplentes como la que obtuvo la imputada y presunta pareja sentimental del cabecilla criminal debió pasar por filtros en el PRI, PAN y PRD. Sujeta a proceso cómo está, es legisladora por el PRI en lugar de Delfina Pozos, la dirigente suplente del tricolor en ausencia de Néstor Camarillo, senador de la República.
Y en el fondo siempre queda la certeza indeseable que, ante el cambio de poderes en el estado de Puebla, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, considerado como una organización crimina de alcance transnacional, pretenda negociar una de las plazas más grandes en el país, como el estado de Puebla.
Sobre todo después de que, en el contexto nacional, está claro que disputa el control en el centro del país, las costas de Guerrero y Oaxaca por el Pacífico, mientras que en el Golfo, las costas Veracruzanas a la otra agrupación de igual poderío y capacidad de fuego como el Cártel de Sinaloa.
@FerMaldonadoMX
clh
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