Algo huele muy mal en el ayuntamiento de Zacatlán, que controla el matrimonio de José Luis Márquez Martínez y Beatriz Sánchez Galindo, pues ha empezado a producirse un fuerte malestar entre docenas de locatarios del Mercado Revolución, que es el principal centro de abasto de este turístico municipio de la Sierra Norte, ya que al parecer los quieren obligar a pagar sus espacios comerciales por una segunda y hasta una tercera ocasión.
Un asunto que tiene la pinta de que alguien quiere hacer un lucrativo negocio privado a expensas del proyecto de reconstrucción del mercado en cuestión que se financió con recursos públicos estatales.
Y no es algo menor, este tema viene a abonar un creciente clima de inconformidad ciudadana contra el matrimonio Sánchez-Márquez, que abandonó las filas del PRI para pasarse a la 4T y de esa manera se logró un cuarto ayuntamiento en Zacatlán que es controlado por el clan encabezado por José Luis Márquez Martínez.
El asunto de mercado brota a la par de que se ha generado un fuerte cuestionamiento debido a que, hubo muchas sospechas de anomalías en la obras públicas realizadas en la gestión de José Luis Márquez como edil de Zacatlán, misma que no han sido observadas ni investigadas por la actual alcaldesa, Beatriz Sánchez Galindo. Pues queda claro que entre cónyuges hay sólidas complicidades.
La historia reciente del Mercado Revolución es la siguiente:
El anterior gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, emprendió un proyecto de demoler y reconstruir 10 mercados municipales en el estado, que se caracterizan por ser los de mayor afluencia de compradores.
Uno de esos espacios fue el Mercado Revolución de Zacatlán, que se encuentra en la zona turística de la cabecera municipal. Es un centro de abasto que, en las últimas dos décadas, ni se remodeló ni se le dio un mantenimiento profundo. Prácticamente se le tenía abandonado.
Dicho proyecto implicó una inversión estatal de 103 millones 507 mil 278 pesos, ya que abarcó la demolición del edificio y volverlo a levantar. Además, se hizo una ampliación al adquirirse un predio aledaño en donde se agrandó la superficie del estacionamiento.
El “banderazo” de salida de la obra la realizó José Luis Márquez Martínez, en su calidad de alcalde de Zacatlán y todavía como militante del PRI, aunque para esas fechas –que era noviembre de 2023— ya estaba preparando su salida del tricolor y su ingreso a la 4T.
Exactamente un año después, en noviembre de 2024, la obra estaba terminada y fue entregada por el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien ante unos 800 invitados no ocultó su alegría de que le había dado tiempo concluir la reconstrucción de ese inmueble, a diferencia de otros proyectos que se atrasaron, como es el mercado de Huauchinango que a la fecha tiene avances muy lentos.
El acto en cuestión estuvo ya presidido por Beatriz Sánchez Galindo, quien es la actual edil de Zacatlán y esposa del exalcalde José Luis Márquez Martínez.
Para esa fecha, esta mujer tenía un mes que se había estrenado como una alcaldesa que había ganado las elecciones bajo las siglas de Morena, luego de abandonar su militancia priista.
Más allá de algunos defectos menores que tuvo la obra y que se han venido arreglando, había mucha satisfacción de los comerciantes del mercado porque el lugar se ha reabierto con 200 locales recién estrenados, con nuevas áreas de estacionamiento y de administración.
Esa alegría se ha visto empañada –en los últimos días– porque algunos operadores que, todo mundo sabe que están bajo las órdenes de José Luis Márquez, ha empezado a visitar a los pequeños y medianos vendedores del mercado para decirles “que nada es gratis” y que ahora, ellos tendrían que pagar el costo de los locales.
Además, les habrían advertido que, si no compran, entonces aparecerán otros interesados en adquirir los espacios.
Ahí no termina todo, pues les han establecido la condición de que toda operación será avalada solamente por un notario público: José Enrique Zárate López, quien es el fedatario 1 de Zacatlán.
Los reclamos no se han hecho esperar. Los afectados argumentan:
Primero: el día que Sergio Céspedes entregó la obra nunca se habló de que los locatarios tendrían que pagar el costo de sus locales.
Segundo: si la reconstrucción se hizo con recursos públicos, no es valido querer venderles las áreas comerciales como si fueran propiedad privada.
Tercero: muchos de los afectados han alegado que ellos compraron los locales hace más de 20 años y que no tenía fecha de vencimiento la posesión de los mismos, por tanto, ahora no se puede desconocer los derechos adquiridos.
Cuarto: otros han dicho que injustamente acabarán pagando el precio de los locales hasta tres veces. La primara cuando los compararon y la segunda, con todas las tarifas que les ha exigido el ayuntamiento a lo largo de los últimos 20 años.
Tienen razón los quejosos. El mercado recién estrenado tiene un fuere olor a corrupción que emana desde las oficinas del ayuntamiento.
clh
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