Uno de los cerebros –en el estado– de las protestas contra la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) fue Alejandro de Jesús Baltazar Robles, quien hasta finales de 2024 se desempeñó como magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, pero ahora de manera sorpresiva ha aparecido como el abogado defensor de “los paracaidistas” que tienen invadidas 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, al sur del municipio de Puebla.
La irrupción de este personaje pondría al descubierto que existe un tráfico de influencias, en los ámbitos de los poderes judiciales federal y local, para intentar inclinar la balanza de los tribunales a favor del grupo armado que, desde noviembre de 2022, se apoderó de las 400 hectáreas en cuestión, además de timar a un grupo de colonos con ventas fraudulentas de lotes.
En este espacio periodístico se ha narrado puntualmente todo lo ocurrido en la Exhacienda de San José Zetina, que es la invasión más importante –en la actualidad– en el municipio de Puebla y es al mismo tiempo un conflicto judicial que se ha venido alargando por meses por una larga lista de vicios que se han cometido por parte del ayuntamiento de la capital y sobre todo, en el tribunal que se lleva la causa, para intentar darle impunidad a la organización de invasores, que sería encabezada una mujer identificada como Félix N.
Se ha dado cuenta que, de manera grotesca, en su momento el gobierno panista de la ciudad de Puebla, que encabezaron los exediles Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez, desacataron de manera sistemática la orden que dio un juez de clausurar los asentamientos humanos irregulares en la Exhacienda de San José Zetina, que han sido el negocio ilegal de quienes se apropiaron del área, cercana a la junta auxiliar de Azumiatla.
Y también como en el juzgado en el cual se lleva la causa legal se han cancelado, con los argumentos más infantiles, por lo menos ocho intentos de realizar la audiencia intermedia para que se califiquen las pruebas que las partes del conflicto han presentado y de esa manera ya se pueda dictar una sentencia.
Los invasores han cambiado en 14 ocasiones de abogados, como consecuencia de que carecen de pruebas para demostrar que son los dueños de los pedios. Lo que sorprende es el alto grado de tolerancia –o de complacencia– que se tiene hacia los acusados en el juzgado en que se libra la causa. Todo eso ha provocado un retraso de más de un año la solución del conflicto.
Sin ir más lejos, hace unos días, se volvió a diferir la audiencia judicial en cuestión. Solo que ahora han aparecido algunos personajes obscuros de las altas esferas del Poder Judicial.
Uno de ellos es Martín Fuentes Morales, quien el año pasado llegó al cargo de magistrado del Poder Judicial de Puebla. Entre sus antecedentes tiene haber sido parte del grupo político del “gober precioso”, es decir el exgobernador Mario Marín, ya que en ese sexenio ocupó la titularidad de la desaparecida Procuraduría del Ciudadano.
De acuerdo con información proporcionada por fuentes confiables, habría sido Martín Fuentes quien habría sugerido al juez que lleva la causa que permitiera un nuevo aplazamiento de la tan esperada audiencia intermedia.
Ese movimiento genera la siguiente lectura: eCo mo antecedentes n lugar de que el magistrado pugnara por cumplir con el principio constitucional de garantizar una justicia pronta y expedita, se habría propuesto ayudar a los acusados de invadir la Ex Hacienda de San José Zetina, lo que plantea una pérdida del principio de imparcialidad.
Lo que más llama la atención es que, el pasado 18 de marzo, el juez de control de la Región Judicial Centro, Salvador Hernández Martínez, notificó otro cambio más de los abogados defensores de los 8 acusados por la invasión de la Exhacienda de San José Zetina.
Según la notificación los nuevos abogados son Alejandro de Jesús Baltazar Robles y Alejandro Carlos Baltazar Ruiz. Ellos son padre e hijo, respectivamente. Lo relevante es que no se trata solamente de otros litigantes más.
Alejandro de Jesús Baltazar Robles era hasta finales del año pasado magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en San Andrés Cholula. Es decir, era un peso pesado del Poder Judicial Federal.
En octubre de 2024, hizo público su rechazo a la Reforma Judicial y por ende, tal como lo hicieron muchos miembros de la cúpula del PJF, habría presentado su renuncia.
Ahora ha aparecido como abogado privado de los invasores de la Exhacienda de San José Zetina, seguramente como un intento de usar sus influencias en el PJF.
El año pasado, luego de que se aprobó la Reforma Judicial que promovió la 4T, en el estado de Puebla entraron en paro los juzgados federales asentados en la entidad.
Como líder del movimiento de resistencia a la Reforma Judicial apareció José Manuel Vélez Torres, un trabajador del Sexto Circuito y relacionado estrechamente con dos personajes de alto vuelo del PJF: los hermanos Margarita y Alejandro Luna Ramos, quienes se destacaron por tener más de 80 parientes en el Poder Judicial.
José Manuel Vélez Torres era un personaje muy cercano al entonces magistrado Alejandro de Jesús Baltazar Robles, por lo cual fuentes confiables ha indicado que el segundo de ellos era realmente quien “movía los hilos” de las protestas contra la Reforma Judicial y llevó a que los juzgados de este ámbito se paralizaran por semanas.
Como antecedentes, Alejandro de Jesús Baltazar Robles aparece en dos polémicas:
En 2016, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por supuestamente haberse excedido en sus funciones al emitir un fallo favorable a la telefónica AT&T.
En 2019 fue señalado de solapar que la magistrada presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito Judicial, Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, quien contrató a su propia hija –Katerine Aguilar Alquicira– para laborar en el tribunal que preside.
Es decir, el exmagistardo “no es una perita en dulce”.
clh
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