El Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Puebla incurrieron en ejecuciones, detenciones arbitrarias, manipulación de un cadáver, colocación de armas y trato cruel contra menores de edad, durante el operativo para detener el robo de combustible en la comunidad de Palmarito Tochapan, Quecholac, el miércoles 3 de mayo de 2017, confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cronología del enfrentamiento y supuesta ejecución civil en PalmaritoOficial: deja batalla de Palmarito 4 militares y 6 civiles muertosAquel día, el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y “huachicoleros” acabó con la vida de diez personas, seis de ellas civiles.
A través de la recomendación 12VG/2018, el organismo detalló que hubo “la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”.
La comisión también dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) le negó copias de las carpetas de investigación relacionadas con el operativo, lo que fue considerado como falta de colaboración.
En un comunicado de prensa la CNDH indicó que se acreditaron "violaciones a la legalidad, seguridad jurídica, debida procuración de justicia y a la verdad atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de Justicia (SIC), Secretaría de Seguridad Pública y del Tribunal Superior de Justicia (TSJEP,) estos tres últimos del Estado de Puebla".
Impunidad
La CNDH reveló que la gente detenida durante estos hechos no fue puesta a disposición "de Ciudad de México, a la autoridad competente" por lo que cuando se inician las indagatorias no se judicializan.
Por lo anterior pidió que personal ministerial estatal y federal practiquen las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos, y, en su momento, ejercitar la acción penal en su contra con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad.
La versión de la CNDH
A diferencia de lo descrito por la Sedena y las autoridades locales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso en la recomendación 12VG/2018 que dos hombres fueron ejecutados de manera arbitraria y otros 12 privados de la libertad con crueldad. Además de la violación de los derechos de los niños de dos menores de edad.
Posterior al enfrentamiento, un video circuló por de redes sociales, donde se observó la ejecución de un civil por parte de un soldado de nombre José, quien fue detenido y liberado en el mes de junio del año pasado.
Y, aunque en tribunales no lo validaron, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos expone que además de las ejecuciones, el Ejército sembró armas y manipuló la escena del crimen al mover el cuerpo, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
También instancias como Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de la República (PGR), la otrora Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Puebla incurrieron en ilegalidades.
Detenciones manipuladas
De los enfrentamientos 13 personas fueron, incluidos 4 menores de edad, pero las instancias competentes no lograron acreditar la responsabilidad penal de seis porque no hubo orden de aprehensión previa ni elementos para justificar las aprehensiones.
Uno de los adolescente, fue acusado de circular por la zona en una motocicleta vinculada al enfrentamiento, pero el organismos autónomo estableció que lo bajaron de una camioneta Ford Ranger sin que hubiera motivos que justificaran su detención.
Otros dos jóvenes fueron acusados de incitar a civiles a privar de la vida a los militares, pero al final se desvirtuó el actuar de los menores y no pudieron ser acusados penalmente, describe la CNDH.
Incluso, horas después del enfrentamiento, pobladores de Quecholac cerraron la autopista Puebla-Orizaba para exigir la liberación de los detenidos que argumentaban, no tenían nada que ver con las historias narradas por las autoridades.
Hubo menores de edad aprehendidos la mañana del cuatro de mayo y presentados al Ministerio Público casi un día después, lo que es violatorio a los derechos de los niños.
Recomendaciones
-Al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda y al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad les pide reparar el daño a todas las víctimas, considerando indemnización y asistencia médica y psicológica. Además de colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal responsable de manipular el cuerpo de una víctima y colocar armas deliberadamente.
-Al gobernador de Puebla implementar políticas públicas para combatir el crimen en la “franja del huachicol”.
-A la PGR, continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones. Además de abrir la carpeta de investigación contra personal militar, actualmente reservada.
-A la FGE colaborar en el procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad. Y continuar la investigación por el asesinato de tres personas.
-Al TSJ colaborar en la queja ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones observadas en las necropsias que peritos practicaron a 9 cadáveres.
-A Pemex coadyuvar en la investigación sobre los servidores públicos que autorizaron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan.
*Con información de La Silla Rota
GJ
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