Los responsables del 36% de los ataques con ácido ocurridos en los últimos seis años en Puebla, fueron los cónyuges de las víctimas, en 9% los concubinos, en 18% las exparejas, 9% los externos, mientras que en 18% no se identificó al agresor, según datos de datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tan solo entre 2016 y abril de 2022, en Puebla se han registrado 11 denuncias.
De estos casos denunciados, el 72% son investigados como lesiones dolosas, 9% como tentativa de feminicidio y 9% como violencia familiar. Del resto de los ataques se desconoce el delito que se investiga.
Durante el 2016 se contabilizaron tres ataques con ácido, en 2018 tres casos, en 2019 dos, en 2020 uno y en 2021 dos.
La Secretaría de Salud ha atendido a 10 mujeres por este tipo de ataques, registro que lleva desde 2014 hasta la fecha, de los cuales en cuatro no alertaron a las autoridades de la agresión.
HISTORIAS DE ÁCIDO
El 26 de mayo de 2022, una mujer denunció que unos sujetos en bicicleta le vertieron ácido en el antebrazo, cuando se encontraba en inmediaciones de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la zona de Angelópolis.
El 01 de agosto Andrea fue atacada por dos sujetos que le arrojaron una sustancia que le cayó en el rostro, en el municipio de Amalucan.
Esmeralda Millán fue agredida por su ex pareja en 2018, junto a su madre. A la fecha, Esmeralda sufre las secuelas del ataque, debido a las operaciones a las que se debe someter y a la falta de recursos económicos para sostener a sus hijos.
TIPIFICAR LA VIOLENCIA CON ÁCIDO
Víctimas de ataques con ácido, junto a integrantes de la Fundación Carmen Sánchez, el pasado 11 de octubre, pidieron a los diputados locales tipificar este tipo de agresiones, lo cual evitaría la revictimización y garantizaría una mejor atención médica.
Esto a partir de que Andrea relató que el Ministerio Público perdió los videos con los que se podían identificar a sus agresores.
Al denunciar el hecho, dijo que las autoridades también la revictimizaron, al cuestionarle si pertenecía a alguna banda delictiva, ya que el ataque indicaba un “ajuste de cuentas”.
Tipificar este tipo de agresión con penas de 7 a 13 años de prisión al agresor, las cuales incrementarán una tercera parte si la persona que agredió tenga un vínculo con la víctima, ya sea familiar, sentimental, afectivo o de confianza, es la iniciativa que propone el diputado local, Néstor Camarillo.
Foto: Publímetro
LSM
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