Instituciones y autoridades deben ser responsabilizadas por omisión y negligencia en el caso del asesinato de la adolescente Norma Lizbeth, en Teotihuacán, sostuvo Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe.
“Observamos con preocupación que hasta el momento la Fiscalía deja abierta la posibilidad a la impunidad adulta; es importante hacer notar que existe una cadena de responsabilidades entre la escuela, servicios de salud y protección infantil estatal quienes fueron omisas, negligentes o cómplices desde la fecha de la agresión hasta la muerte de la niña”.
Se debe considerar que las niñas y los niños agresores también son víctimas de violencia en su entorno, insistió Martín Pérez.
“Es decir, sólo son un reflejo de una sociedad violenta. Pretender reducir el acoso escolar a conflictos entre niñas y niños, sólo evade la responsabilidad adulta y las obligaciones de las instituciones educativas”.
A partir de lo que establece la Ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la joven agresora recibirá un tratamiento de acuerdo a su edad, dijo el activista.
Además de que las víctimas —Norma y su familia— tienen derecho a la justicia y reparación del daño.
Así mismo destacó que en México se criminaliza a la niñez y juventud evadiendo la responsabilidades de los adultos y estableciendo actos que violentan sus derechos.
“En el contexto de violencia generalizada en México crecen los discursos del populismo punitivo, que criminaliza a la niñez y juventud para justificar actos ilegales como mochila segura, videovigilancia o actos de violencia contra la familia de la adolescente agresora”.
Es necesario que las autoridades en general modifiquen su discurso hacia una cultura de paz y resolución de conflictos de manera asertiva, sin violencia, consideró el activista.
“El acoso escolar se reduce y previene cuando las autoridades educativas cumplen con sus responsabilidades legales, se promueve la cultura de paz, la solución no violenta de conflictos y se abren espacios de participación y libertad de expresión a las y los estudiantes”.
Juan Martín Pérez hizo un llamado a que los medios de comunicación asuman una postura ética respecto a la información que difunden en sus plataformas, ya que existe material que no promueve la paz y la sana convivencia entre las personas.
“Los medios de comunicación tienen el desafío ético y profesional para evitar sumarse a la desinformación, al difundir información falsa, videos de peleas y filtración de datos personales que sólo alimentan el populismo punitivo. Todo ello innecesario para cubrir el hecho noticioso con información verificada e identificación de autoridades responsables”.
Finalmente insistió en que la indiferencia y omisión hacia acciones de agresión y hostilidad efectuados en espacios donde las personas adultas son responsables de las infancias y adolescencias, promueve la complicidad.
Foto: Head Topics
LSM
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