El INEGI debe informar sobre los incidentes de sus encuestadores y aclarar cuántos de ellos han sido relacionados con el crimen organizado entre los años 2012 y 2023, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
INEGI descarta zonas de riego en Puebla por levantamiento de Censo EconómicoVIDEO Arranca INEGI Censo Económico 2024La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena recordó que el año pasado en comparecencia ante la Cámara de Diputados, personal del INEGI dio a conocer que en ocasiones tiene que pagar para que su personal entre a zonas controladas por las organizaciones delincuenciales.
Un particular solicitó al Inegi detalles acerca de cuántos incidentes de seguridad han reportado sus servidores públicos y encuestadores entre 2012 y noviembre de 2023 precisando el nombre y cargo del servidor público que hizo el reporte, Estado y municipio donde se suscitó el incidente, en qué consistió, si se trató de una amenaza, extorsión, privación ilegal de la libertad, lesiones, desaparición, cobro de derecho de piso, o robo, entre otros
Así como cuánto tuvo que pagar el servidor público, si el crimen organizado estuvo involucrado y a qué grupo se le adjudica; la fecha del evento y si éste se presentó durante el levantamiento de alguna encuesta o censo.
El INEGI entregó en formato PDF información de 2019 a 2023, con el tipo, número y total de incidentes de seguridad desglosada por año, e indicó que no está obligado a generar documentos ad hoc para la atención de solicitudes de información.
Ibarra Cadena explicó que el INEGI dejó de observar el principio de exhaustividad y tampoco se advirtió que se haya realizado la búsqueda en las Direcciones Regionales de ese organismo , por lo que la respuesta no da certeza de que lo entregado sea la totalidad de la información.
Además, omitió turnar la solicitud a dos Direcciones Generales que dirigen los procesos de los censos, así como el levantamiento de la información que se genera, por lo que podrían contar con los reportes de incidentes en contra de sus encuestadores o servidores públicos.
El INEGI tampoco turnó la solicitud a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos que conoce y da seguimiento a las denuncias ante el Ministerio Público y, por ende, el sujeto obligado no garantizó el carácter exhaustivo de la búsqueda de la información.
La comisionada resaltó que al contar con esta información las autoridades pueden desarrollar modelos predictivos de delincuencia, para identificar dónde y cuándo es probable que ocurran delitos, permitiendo desplegar sus recursos de manera más eficiente.
Foto: INEGI
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