Huauchinango, Pue.- Habitantes de Cuacuila pidieron al Juez Primero de Distrito en el estado que sancione a la empresa Gasomex con la destrucción de las obras del gasoducto Tuxpan-Atotonilco que haya realizado desobedeciendo la orden judicial de suspender los trabajos emitida el pasado 7 de enero dentro del Amparo Colectivo 6/2014.
Lo anterior fue informado por la abogada Patricia Montaño Flores, asesora de la organización Ciudadanos Indígenas en Defensa de sus Derechos, durante una asamblea realizada en población que se opone a la instalación de la tubería que llevará 6 millones de barriles diarios de gas LP desde el Golfo de México hasta el altiplano hidalguense.
Montaño Flores informó que el lunes pasado presentaron un incidente, dentro del Juicio de Amparo Colectivo que tramitan los cuacuileños, para solicitar a la justicia federal que ordene a Gasomex que “retire o destruya todo lo que ha puesto en los últimos 22 días, porque lo ha hecho de manera ilegal y en contra de la resolución en la que la Juez de Distrito determinó que frenara los trabajos a partir del 7 de enero”.
Acompañada de dos peritos ambientales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Buap) que emitirán un dictamen sobre el impacto que ha causado la obra sobre los bienes naturales de la junta auxiliar de Cuacuila, la asesora legal indicó que también están a la espera de que se admitan las pruebas que ofrecieron.
Montaño Flores no descartó que la audiencia constitucional programada para el próximo 30 de enero en el Juzgado de Distrito pudiera posponerse, sin embargo manifestó su optimismo de que obtendrán una resolución a favor por lo que Gasomex deberá modificar la ruta del gasoducto y alejarla de la comunidad indígena.
“Lo que han hecho en estos días y anteriormente, poniendo en riesgo de desaparición a la comunidad y violando sus derechos, no va a servir de nada”, agregó.
La abogada llamó a los pobladores de Cuacuila a que se sumen a la defensa de sus derechos y a que participen en la lucha.
El 3 de enero pasado más de 500 opositores al gasoducto Tuxpan-Atotonilco pidieron el amparo y protección de la justicia federal, debido a que consideran que la obra pone en riesgo su integridad y la de su comunidad.
La demanda fue admitida y registrada con el número de expediente 6/2014, ordenando la suspensión provisional de la instalación de la tubería a cargo de la subcontratista de Petróleos Mexicanos, hasta en tanto se resuelva de manera definitiva este incidente.
En desacato a la orden de la Juez Primero de Distrito en el estado, la empresa ha continuado los trabajos –incluso contratando un mayor número de obreros que laboran las 24 horas del día-, con el resguardo de elementos de las policías Estatal y Municipal de Huauchinango.
Los cuacuileños responsabilizaron a la gasera, al gobierno municipal de Huauchinango y a la autoridad auxiliar, de la integridad “física y moral” de la comunidad, así como de la “integridad física y moral, amenazas, agresiones o represiones que llegaran a recibir los ciudadanos integrantes de las distintas comisiones informativas” de su movimiento opositor.
Los indígenas exigieron se respeten sus derechos a la autodeterminación sobre los bienes naturales del territorio que habitan y a ser informados en su idioma del proyecto y posteriormente, ser consultados sobre el mismo.
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