Condenan Organismos Civiles uso de la fuerza pública en manifestaciones

Tehuacán, Pue.- La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) condenaron la aprobación de las leyes que avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social en Puebla.

Martín Barrios Hernández, integrante de Red TDT indicó que “el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y reiterados en la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos. 

Estableció que esos derechos incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. La protección del derecho a la protesta en el contexto de la libertad de reunión conlleva la obligación de proteger a los titulares del derecho a la protesta en el ejercicio del derecho y la obligación de no interferir en las protestas pacíficas.

Dijo que las organizaciones que forman parte de la Red TDT junto con otras organizaciones y movimiento sociales han expresado que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas.

Recordó que el Congreso de Puebla aprobó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida esté en peligro, durante manifestaciones públicas; pero también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

Barrios Hernández señaló que además de que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública. 

“La ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”, concluyó.

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