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Viernes, 19 de Abril de 2024

Infraenergía afecta 30 % de participaciones de 6 municipios

Los ocho ayuntamientos que renovaron su alumbrado público bajo PPS deben a la empresa 703.3 millones de pesos a pagar en 10 años
Miércoles, 25 de Marzo de 2015 15:23

Un total de seis de los ocho ayuntamientos que iniciaron la renovación de su alumbrado público a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) con la empresa Infraenergía tienen afectadas el 30 por ciento de sus participaciones federales a 10 años, luego de que las usaron como fuente o garantía de pago, según el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Puebla. 

Infraenergía incumple con lámparas LED en TexmelucanReconocen deuda PPS de 8 municipios por 703.3 mdpAcatlán, Acatzingo, Amozoc, Libres, San Salvador El Seco y Tlacotepec de Benito Juárez se encuentran en esta situación, mientras que San Martín Texmelucan solamente “hipotecó” el 25 por ciento. En el caso de Atlixco el documento refiere que las participaciones afectadas alcanzan un millón 872 mil 766 pesos cada mes.

A lo largo de 120 meses, las autoridades de esos municipios tendrán que hacer pagos por el suministro, provisión, instalación, conservación y mantenimiento del equipo para sustituir sus actuales lámparas.  

En suma, las ocho comunas deben a Infraenergía un total de 703.3 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma:

Acatlán: 59 millones 274 mil 357 pesos

Acatzingo: 73 millones 902 mil 897 pesos

Amozoc: 95 millones 708 mil 404 pesos

Atlixco: 172 millones 870 mil 761 pesos

Libres: 32 millones 148 mil 376 pesos

San Martín Texmelucan: 160 millones 749 mil 495 pesos

San Salvador El Seco: 36 millones 870 mil 590 pesos

Tlacotepec de Benito Juárez: 71 millones 794 mil 894 pesos

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una de las características de los PPS es que se debe demostrar su costo-beneficio a través de un análisis, para distribuir los riesgos de la inversión entre el gobierno y el proveedor.

Además afirma que “los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como gasto corriente”.

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