El Fobaproa de AMLO

Arturo Herrera tiene mucho qué decir respecto al “Aeroproa” del que ahora se rasga las vestiduras. Presidente López: su colaborador le endosó su propio Fobaproa por haber cancelado el nuevo aeropuerto de Texcoco.

INE se declara en quiebra y no tiene recursos para consulta ciudadanaAndrés Manuel: la mata seguirá dandoUna de las razones por las que Herrera salió a golpear al todavía titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, fue que, justamente él, dispuso que la deuda pasara de privada a pública.

Junto con Gerardo Ferrando, defenestrado ya por la propia 4T de la dirección del Grupo Aeroportuario CDMX (GACDMX), negociaron con los bondholders los términos de la cancelación de los multimillonarios bonos.

El problema es que dichos términos quedaron en la opacidad, ya que incluso en la versión pública del Acta de Asamblea del Consejo de Administración del GACDMX, celebrada el 2 de diciembre de 2018, se quitaron los párrafos que corresponden a la liquidación de los adeudos.

Pero en actas posteriores es posible seguirle la pista a algunas de las obligaciones que el gobierno adquirió al desconocer los términos de los contratos de las colocaciones y asumir como parte de deuda pública lo que era deuda privada del GACM y las TUAs que provienen de la operación del aeropuerto capitalino.

Una de las preguntas que no tiene respuesta es por qué se recompraron solamente mil 850 millones de dólares de bonos en diciembre de 2018, a pesar de que la administración anterior dejó en la caja del Fideicomiso de Financiamiento Privado Número 80460 un total de 153 mil millones de pesos.

Todo consta en el acta de Asamblea del 30 de octubre de 2018, los cuales estaban en el fideicomiso, afincado en Nafin, “independientemente del monto no recuperable” del proyecto, que en esa misma acta se calcula en 60 mil millones de pesos, gran parte de los cuales ya se habían liquidado, más una cantidad estimada entre 40 mil y 45 mil millones de pesos “que tendrán que ser cubiertos” y que también formarán parte del paquete de costo no recuperable, es decir, del “costo hundido”.

Y es que, aun cuando estos 40 mil o 45 mil millones salieron del fideicomiso de inversión, hay que recordar que otro de los fideicomisos, el 2172 también de Financiamiento Privado y fincado en Nafin, recibía puntualmente el importe de las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUAs), por lo que el monto disponible para cubrir ese importe no se circunscribía a lo que había en el Fideicomiso de Inversión.

En esa misma acta se especifica que había 17 obras viales que estuvo realizando la SCT, las cuales deberían quedar operativas, pues la mayor parte se justifica para dar acceso a la zona donde se construía el aeropuerto, en lugar de clausurar los accesos y así desperdiciar más recursos.

Esto recursos no salieron del GACM, pero también cuentan, igual que las obras hidráulicas que ya mencionamos en la columna del jueves.

Hay que agregar que había un tercer fideicomiso también en Nafin, este de carácter público, el 80726, donde se recibieron los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación

Su patrimonio inicial fue de 23 mil 65.4 millones de pesos con aportaciones de 2014 y 2015 y que estuvo siendo fondeado en los siguientes años con 36 mil 785.6 millones de pesos en 2016 y 17 mil 989 millones de pesos en 2017.

Para 2018, se inyectaron 5 mil 813.4 millones de pesos. Todo este dinero se destinó al pago de inversión física y gasto corrientes, aunque la inversión física se llevó 90 por ciento del recurso, lo cual implica que el “costo hundido” del que se habla, esos 60 mil millones de pesos, se fue pagando con estos fondos en una parte sustantiva.

En el acta de febrero del 2020 se explica que, aunque el monto del dinero destinado al finiquito de los contratos se estableció en 73 mil 75.8 millones de pesos (sin contar el IVA), hubo una pérdida acumulada de 16 mil 232 millones de pesos por el pago de gastos e intereses generados por la liquidación anticipada de la Fibra E y que se incluyó en el rubro “otros gastos”.

Es decir, no se liquidó completamente, pues seguía gestionándose, además de que tampoco se hizo el pago de 200 millones de dólares para la recompra de bonos, que estaban reservados, aunque sí se pagaron los intereses que fueron 210 millones de dólares más.

Hasta el momento, pues, se desconoce qué tan buena negociación hicieron los pupilos de López Obrador, Herrera y el despedido Ferrando, para con ese monto de intereses.

Por último, en esa misma fecha se calcula un saldo de entradas entre 2014 y 2019 del Fideicomiso 80726 de 180 mil 194 millones de pesos, en tanto que las erogaciones acumuladas fueron de 153 mil 107 millones de pesos, que incluye pagos a contratistas, compra de bonos y amortización anticipada de la Fibra E.

A diciembre de 2019 quedaban en caja a diciembre unos 27 mil 87 millones de pesos.

En otras palabras, si no se han pagado 84 mil millones de pesos, que corresponden a los 4 mil 200 millones de dólares de los bonos pendientes por liquidar, ¿cómo se gastaron esos 153 mil millones de pesos?

Buena pregunta. Y los “costos hundidos”, más lo que se está gastando en Santa Lucía también forman parte del fardo que el gobierno de la 4T puso sobre los hombros de los contribuyentes, todos los mexicanos que pagan impuestos.

INDEPENDIENTEMENTE DE SI la Auditoría Superior de la Federación se equivocó o no, todo mundo ya da por hecho que David Colmenares se va. ¿Quién podría sustituirlo? Apunte el nombre de Roberto Salcedo, el actual subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. Tiene todas las cartas credenciales. Fue Auditor Especial de Desempeño en la misma ASF durante 18 años. Fue el segundo de a bordo de Arturo González de Aragón, Juan Manuel Portal y del propio Colmenares. Pero más allá de su solidez técnica, Salcedo es hombre de toda la confianza de Andrés Manuel López Obrador. Fue él quien lo nombró subsecretario y no Irma Eréndira Sandoval. Se conocieron hace muchísmos años en Tabasco al amparo de Enrique González Pedrero, cuando el mentor del actual inquilino de Palacio Nacional trajo de la Ciudad de México, por intermediación de Ignacio Ovalle, a un pequeño grupo de economistas de la UNAM para que le ayudaran a desarrollar programas para Tabasco. Uno era Salcedo, quien después se uniría estrechamente a Manuel Camacho Solis, quien lo nombró Oficial Mayor cuando fue Regente del Distrito Federal. Ése es Roberto Salcedo.

VAYA SEMANA. ANDRÉS Manuel López Obrador no dejó títere con cabeza. El lunes durísimo contra los abogados mexicanos a los que acusó de “traidores a la patria” por defender causas que le son incómodas, como contratos de empresas extranjeras que quiere cancelar. El ataque provocó que la Unión Internacional de Abogados, que preside Oscar Cruz Barney, y el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que encabeza Alfonso Pérez-Cuéllar, le reviraran. El llamado fue principalmente a los despachos de abogados corporativos, cuyos socios, en algunos casos, están empezando a ser hostigados por el SAT, que preside Raquel Buenrostro. Se conoce de profesionales que han formado parte de paneles arbitrales y que por el simple hecho de votar en contra de la CFE o Pemex, condenándolas a pagar daños, les han caído auditorías. Cuidado.

OTROS QUE LEYERON puntualmente el mensaje-advertencia fueron los penalistas. Abogados como Epigmenio Mendieta que defiende a Rosario Robles, Javier Coello Trejo que llevó a Emilio Lozoya Austin, José Luis Nassar Daw que representó a Guillermo Billy Álvarez, Eduardo Amerena que patrocina a Rafael y Teófilo Zaga, Jesús Martínez Arnaud que asesora a Luis Videgaray, son algunos ejemplos. Por supuesto apunte también al afamado litigante Alonso Aguilar Zínser, que ya quedó registrado como defensor formal del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en una disputa de pronóstico reservado contra la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, la Procuraduría Fiscal de Carlos Romero y el SAT de Raquel Buenrostro.

POR CIERTO QUE el fiscal Alejandro Gertz Manero está arruinando las negociaciones y acuerdos reparatorios que Julio Scherer ha acordado con más de un personaje políticamente expuesto por la 4T. Dos casos puntuales: el todavía accionista mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y el aún dueño de la excaja de ahorros Libertad, Juan Collado. Ambos comparten desde el Reclusorio Oriente la frustración de no ver avances en sus casos, a pesar de la palabra empeñada. Scherer tiene la confianza de Andrés Manuel López Obrador para operar negociaciones de alto impacto, pero el choque con Gertz ha sido brutal.

A FINALES DE marzo iniciará operaciones la nueva ruta aérea Cancún- Acapulco de Viva Aerobus, de Roberto Alcántara. La impulsó el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota. Se busca que la conexión amplíe y diversifique el mercado turístico de ambos destinos, pues mientras el estado que gobierna Carlos Joaquín González recibiría una mayor cantidad de turistas nacionales, el puerto de la entidad que administra Héctor Astudillo incrementaría su flujo de visitantes internacionales. El nuevo puente aéreo es también la primera ruta que se abre desde que inició la crisis del sector por la pandemia de Covid-19.

Columna de Darío Celis

El Financiero

Foto: Archivoe

cdch

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