55 mil 584 millones para hacer política de aquí a 2024

La buena noticia es que el gobierno federal creció mucho la bolsa de recursos públicos para beneficiar a las personas más vulnerables.

AMLO y las manzanas de la 4T en NayaritLos otros datos en la inundación del AICMEste año será de más de 450 mil millones de pesos, una asignación impresionante para los programas sociales del gobierno federal.

La mala noticia es que, a través de los gastos de operación previstos para estos mismos programas, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador contará este año con más de 16 mil millones de pesos para distribuir entre los suyos.

Este recurso pagará los salarios de miles de operadores, entre ellos los Servidores de la Nación, cuya filia partidista y lealtad a la Cuarta Transformación podrían desequilibrar severamente la equidad política.

El programa estrella del gobierno lopezobradorista es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2022 ejercerá 238 mil millones; en 2023, 300 mil millones y en 2024, 370 mil millones de pesos.

La noble apuesta de dicho programa es crecer los ingresos de este sector de la población que siempre ha estado en el corazón de las preocupaciones del primer mandatario.

Sin embargo, la letra chiquita de las reglas de operación que rigen a este programa establece que 3.6 por ciento de tales asignaciones será destinado a gastos de operación. Es decir que podrá utilizarse para contratar personal, apoyar con viáticos, gasolina, infraestructura informática, difusión y un largo etcétera indeterminado.

En los hechos, la laxitud con que el gobierno puede utilizar este dinero es amplísima. Solamente derivado del programa para Adultos Mayores, la Cuarta Transformación contará con 8 mil 568 millones en 2022, con 10 mil 800 millones en 2023 y con 13 mil 320 millones de pesos en 2024, el cual, por cierto, será año electoral.

Para 2022, también según sus respectivas reglas, el programa de becas educativas Benito Juárez aportará en gastos de operación 3 mil 305 millones de pesos; Sembrando Vida mil 177 millones; Jóvenes Construyendo el Futuro 635 millones y la Pensión para Personas con Discapacidad 721 millones de pesos.

Si a estas cantidades se suman los gastos operativos derivados de los demás programas sociales (Niños y Niñas, Precios de Garantía, La Escuela es Nuestra, Mejoramiento Urbano, Vivienda Social y Universidades para el Bienestar) —asumiendo un porcentaje promedio de 3.3 por ciento— la cifra global para gastos de operación de los programas sociales rebasará, este año, los 16 mil 200 millones de pesos.

Todavía más, (según la progresión de gasto social esperada y si el porcentaje asignado a la operación se mantiene), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logrará, de aquí a la próxima elección federal, conseguir una bolsa aproximada de 55 mil 584 millones que, por no ser estrictamente fiscalizable, puede invertirse prácticamente en cualquier cosa, incluyendo obviamente la promoción de la lealtad hacia el proyecto político del mandatario y también, cabe sospechar, para intervenir en la operación electoral.

López Obrador suele decir que él no es como los de antes. Ciertamente los de antes solían utilizar estos gastos para financiar a sus operadores y beneficiar a sus respectivas clientelas electorales.

Desde el famoso programa Solidaridad, de Carlos Salinas de Gortari, hasta la Cruzada contra el Hambre, de Enrique Peña Nieto, no hubo gobierno que se abstuviera de desviar recursos de los programas sociales para utilizarlos política y electoralmente.

Esos gobiernos, que López Obrador tilda de conservadores, manipularon las asignaciones mediante dos estratagemas: la primera fue establecer un porcentaje excesivo para la partida denominada “gastos de operación,” y la segunda fue reducir al mínimo los controles sobre el uso y la gestión de esos mismos gastos.

Ninguno de estos dos temas ha variado con la nueva administración, lo cual obliga a asumir que, por lo menos en este tema, los de antes y los de ahora son parecidos.

¿Por qué el programa de apoyo a adultos mayores requeriría para operarse, durante los próximos tres años, de 32 mil 688 millones de pesos? ¿Cuál es la racionalidad detrás de esa cifra, cuál la base para el cálculo, cuál la justificación?

Ese monto serviría para apoyar a 1.5 millones de personas durante un año con 3 mil 600 pesos bimestrales, que es justo lo que reciben las personas adultas mayores actualmente.

Es obvio que se requiere de gastos de operación, pero no lo es que deban significar anualmente 3.6 por ciento del presupuesto asignado. Tampoco suena sensato que la operación anual de las becas Benito Juárez sea de 3 mil 305 millones de pesos, ni que el costo anual para operar las pensiones de las personas con discapacidad sea también de 4 por ciento.

A esta regla arbitraria, desde el punto de vista financiero, pero racional desde la perspectiva política, se suma la ya mencionada libertad con que las autoridades federales, en particular las secretarías de Bienestar, Trabajo o Educación, pueden gestionar ese dinero.

Lo mismo pueden contratar promotores, que publicitar las acciones de gobierno, comprar equipo, o bien contratar despachos o asesores para que evalúen los programas y digan lo que al contratista le gustaría escuchar.

Resulta preocupante, en efecto, la ausencia de candados y restricciones que, desde siempre, han rodeado al uso y el destino de los gastos de operación.

Tan preocupante como que a la Cámara de Diputados no le importe, a la hora de aprobar todos los años el Presupuesto de Egresos de la Federación, fijar criterios para la emisión de las reglas de operación de los diversos programas y, sobre todo, olvide definir limites y alcances respecto de los gastos mencionados.

Ha sido tradición en México que el Poder Legislativo no vigile ni revise la relación entre esas reglas, publicadas normalmente hacia diciembre de cada año, y el presupuesto aprobado previamente.

Si las oposiciones no hacen nada esta vez, el gobierno Federal podrá seguir haciendo lo que le convenga con esta bolsa de recursos que, durante los próximos tres años acumularía, ya se dijo, 55 mil 484 millones de pesos, es decir, dos veces la asignación anual para Jóvenes Construyendo el futuro y tres veces la pensión para personas con discapacidad.

Demasiado dinero para dejarlo suelto.

Bajar el porcentaje y regular con rigor los gastos de operación sería lo más cuerdo, pero tal cosa implicaría meterse con la letra chiquita y contravenir un arreglo político que hasta ahora se ha mantenido intocado. 

Columna de Ricardo Raphael en Milenio

Ilustración Luis Morales

clh

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