Después de más de 27 años en prisión por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia, Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) declaró a Mario Aburto Martínez de víctima de tortura, incomunicación y de violaciones al debido proceso penal, hechos de los que en su momento el organismo tuvo conocimiento, y que ahora urge a la reparación del daño de él y su familia.
AMLO afirma que cenó con Colosio antes de que lo mataranColosio fue espiado 12 años antes de morirLa Revista Proceso informó que a través de la recomendación por violaciones graves 48VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), la CNDH recordó que tras la detención de Aburto en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, ha sido ingresado a diferentes centros federales de readaptación social entre ellos el de Almoloya de Juárez, en Estado de México, y actualmente en el número 12 ubicado en Ocampo, Guanajuato.
El organismo narró que hace meses recibió una queja de Mario Aburto “donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente”, hechos por los que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) tiene una investigación, por lo que “reclama la reapertura de su caso para que se de a conocer la verdad a toda la sociedad”.
El magnicida confeso denunció ante el organismo que “las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción Social de Baja California”.
En su pronunciamiento, el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra, hizo énfasis en diferenciarse de las administraciones anteriores que conocieron de los agravios contra Aburto desde 1994.
“En este caso, y en esta nueva etapa de la CNDH no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este organismo nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”, sostuvo.
Foto: archivo m
gse
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