Posibles daños al erario por 2 mil 728 millones 575 mil 500 pesos duran el año 2020 generó la entrega de contratos directos a instituciones de salud para la atención sanitaria por el virus SARS-CoV-2.
Detectó la ASF anomalías por 284.7 mdp en 19 municipios de PueblaSubejercicios, opacidad y cuentas por aclarar halla ASF en municipios de PueblaCompra Hacienda medicamento por posible emergencia de COVID19La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, del que se deprenden 20 auditorías al sector salud, con irregularidades en la compra de equipo y material hospitalario para la pandemia, por parte de instituciones como el IMSS, ISSSTE, INSABI, SEDENA Y SEMAR, principalmente.
Durante la revisión de los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar ejercidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que permitió contratar a personal médico y paramédico, así como la compra de insumos como ventiladores, batas, pruebas, entre otros, la ASF observó que 650 ventiladores, con un costo de 920.4 millones de pesos, no fueron entregados, los cuales debían haberse suministrado antes del 30 de abril de 2020, motivo por el cual el INSABI contrató a un despacho para iniciar acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad contractual del proveedor.
La institución tampoco acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, y está pendiente la aclaración respecto de los pagos efectuados por 1,600.3 millones más para la compra de 2 mil 250 ventiladores, debido a que no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria de su adquisición, recepción y distribución a las unidades médicas.
En la delegación del ISSSTE del Estado de México, tambien se comprobaron irregularidades por 86.6 millones de pesos en la adquisición de ventiladores “adulto pediátrico-neonatales”, al corroborar pagos indebidos, y omitió aplicar penas convencionales por el atraso en la entrega de otros 47 equipos; el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” regresó al almacén central 15 ventiladores debido a que presentaron fallas, sin que se haya solicitado al proveedor la sustitución. Se comprobó que ISSSTE pagó por 10 ventiladores que ya habían sido pagados previamente.
En el tema de recursos otorgados a la SEDENA para la contratación de personal de salud y mano de obra calificada, así como para la adquisición de medicamentos, insumos y equipo médico para atender la emergencia sanitaria, la ASF determinó una diferencia de 27.4 millones de pesos entre las cifras contenidas en las bases de datos de las nóminas, contra el monto reportado como pagado por ese concepto. En otro punto se identificó que en la adquisición de ocho equipos con un costo de 15.1 millones de pesos, la empresa adjudicada notificó a la SEDENA que dichas unidades eran de especificaciones diferentes y de precios menores respecto de lo establecido en el contrato principal.
La SEDENA autorizó la celebración de ocho contratos a fin de equipar un hospital, sin considerar el tiempo que se emplearía para su remodelación.
De la siguiente institución, de la SEMAR se determinó que no se realizaron, en todos los casos, investigaciones de mercado adecuadas, lo que originó que la institución armada no pudiera obtener precios menores que los pagados, y se observó la contratación de empresas que no tenían el objeto social, ni la capacidad técnica y económica necesarias.
Otra auditorías, arrojó que se revisaron los recursos ejercidos por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) correspondientes a los pagos anticipados para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Hubo deficiencias en el control y supervisión de la adquisición, recepción, almacenamiento y distribución de vacunas, entre las cuales se observó que “no se contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en territorio nacional de las dosis de la vacuna marca AstraZeneca”. Con referencia al almacenamiento de las vacunas, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las dosis de la vacuna marca Pfizer. Respecto de las vacunas marca AstraZeneca, se determinaron diferencias en la cantidad de dosis y el número de lotes, como resultado de la comparación de la información proporcionada por el CENSIA contra la de otras entidades participantes. Adicionalmente, se determinó que el ente no dio el seguimiento esperado a las acciones de transporte y destino de las vacunas marca AstraZeneca.
Y en Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se identificaron irregularidades en los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del Estado de México Oriente, Estado de México Poniente, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz Norte. De los 10 contratos revisados por mil 309.8 millones de pesos, y que comprendieron, entre otros equipos, 450 ventiladores, 645 monitores de signos vitales, 200 carros rojos para reanimación y 108 ultrasonidos digitales, se identificó que el prestador del servicio no brindó mantenimiento a 194 equipos.
El IMSS no proporcionó evidencia documental que compruebe la aplicación de penalizaciones, recuperación de garantías por siniestro y servicios no realizados a los equipos revisados, que suman un monto de 11.9 millones de pesos.
De igual forma, se determinó que en la compra de cubrebocas KN95, batas quirúrgicas, overoles desechables, caretas protectoras y guantes para exploración, el IMSS otorgó 11 contratos por un importe de 2 mil 133.2 millones de pesos, pero no se acreditó la recepción de bienes por 4.8 millones, ni la aplicación de penalizaciones por 11.7 millones derivados del atraso en la entrega de cubrebocas de otro contrato.
Es así como de las 20 auditorías al sector salud, se emitieron 215 sanciones, de las cuales 60 fueron Recomendaciones (R), 83 Recomendaciones de Desempeño (RD), seis fueron Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 3 Solicitudes de Aclaración (SA), 50 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), así como 13 Pliegos de Observaciones (PO).
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