La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) dio a conocer que recibió quejas de los pobladores de Santa María Zacatepec por el desalojo a la planta de Bonafont realizada por el personal de la Secretaría Pública del Estado (SSP) y de la Guardia Nacional en el municipio de Juan C. Bonilla.
La CDH a través de un comunicado, emitido este fin de semana informó que el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal, envió un comunicado al órgano defensor, que hacía referencia a presuntas violaciones de los derechos humanos, cometidas en contra de "Personas defensoras de la Tierra y el Territorio en Santa María Zacatepec, Puebla", que hasta el 15 de febrero mantenían timadas las instalaciones e impedían el trabajo de la empresa.
Las quejas fueron turnadas el 18 de febrero a la Segunda Visitaduría General de la CNDH con los expedientes 926/2022 y 927/2022, sin embargo, durante las diligencias realizadas por el órgano estatal no se encontraron actos violatorios y hasta la fecha, los pobladores que mantenían tomadas las instalaciones, no presentaron denuncias formales.
“Las personas entrevistadas por personal de esta CDH Puebla, manifestaron no conocer a personas agraviadas por dichos hechos. Además, ninguno de los entrevistados quiso presentar queja alguna o ratificar la misma”, detalla el comunicado.
Para estas diligencias, la CDH solicitó información sobre lo ocurrido al Ayuntamiento de Juan C. Bonilla, a la SSP y Guardia Nacional. Y también se solicitó a las presuntas personas agraviadas por los hechos narrados en el escrito de queja, comparecer en un plazo no mayor a tres días hábiles.
Cabe mencionar que durante el desalojo se denunció que 50 patrullas llegaron a la 1:20 horas para liberar las instalaciones y reprimir a los manifestantes.
“Con desmedida presencia de las fuerzas públicas los tres niveles de gobierno, una vez más, desalojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo Danone” escribió la organización de los desalojados, Casa de los pueblos, en su red actual de Facebook.
Los pobladores habían tomado a la fuerza las instalaciones de la empresa desde marzo de 2021 con el argumento de que existía una sobreexplotación de los mantos acuíferos por lo que sus colonias no tenían agua desde la llegada de Bonafont.
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