Además existen 143 mil 618 personas desaparecidas y posteriormente localizadas. Por lo que, desde 1964 a la fecha, el país acumuló 242 mil 41 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar, con 14 mil 915 casos, seguido de Tamaulipas con 11 mil 916 casos, el Estado de México con 10 mil 720 y Nuevo León con 6 mil 148.
Gerardo Preciado Torres, que ahora tendría 47 años, desapareció hace 8 años y sigue siendo buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearon y lo privaron de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio.
Ese 22 mayo de 2014 cambió la vida de su madre, María Refugio Torres, quien tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.
“Uno es el que debe de buscar, investigar y llevarles información porque ellos no hacen nada. Cuando mi hijo desapareció yo sí confiaba en la autoridad y yo decía que me lo iban a regresar. Tenía tanta confianza que cada tercer día iba a la fiscalía, pero siempre me recibían con lo mismo: está en trámite la investigación”, dijo Torres a Efe.
La madre narró compartió que tuvo que aprender a defenderse de las omisiones y humillaciones de las autoridades y a buscar en las fosas clandestinas que abundan en este registro.
El colectivo al que pertenece, llamado Por Amor a Ellos, ha encontrado a unas 100 personas enterradas.
“Que sirva de experiencia para la gente que viene, porque esto nunca se va a acabar, que no pasen lo que hemos pasado nosotros porque ha sido batallar con policías y con todo lo que se llama autoridad”, expresó.
Los casi 100 mil desaparecidos en México es una cifra mucho mayor a los mil 192 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) o a llenar el estadio del Camp Nou, sede del equipo FC Barcelona, en España.
Según datos de la CNB, la crisis de desaparecidos se incrementó a partir de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico.
Tuvo su punto más álgido en 2019, trayendo consigo problemas no solo con la localización de las personas sino con la identificación forense de los cuerpos hallados.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, dijo el pasado 17 de marzo que los mil 700 millones de pesos para la búsqueda y el avance en materia forense no han disminuido el rezago de 37 mil cuerpos que hay en institutos forenses y fosas clandestinas y que siguen sin ser identificados.
La cifra podría ser mayor, pues según un registro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México a partir de solicitudes de información y trabajo de campo, habría poco más de 52 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses y en las fosas comunes.
Denisse Ayala, miembro del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, dijo a Efe que México vive un “régimen subnacional” en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en las autoridades.
“Hay una zona gris en la que convergen el crimen organizado, las instancias y el aparato estatal, y no son esferas separadas. Hay un cáncer llamado impunidad. Cuando tienes capacidad en la violencia que despliegas lo haces porque puedes y porque el entorno de la seguridad pública no funciona o lo hace al arbitrio de tus operaciones”, señaló.
Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, anunciaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior, pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo a denunciar.
“Es una sociedad amenazada, se sabe que hay aparatos de seguridad tomados y ministerios públicos donde el hecho de denunciar te pone en riesgo. Lo que hay es un gran miedo de la sociedad a movilizarse”, concluyó Jorge Ramírez.
Foto:IBERO
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