El domingo se celebrará la consulta sobre revocación o ratificación del mandato del presidente de la República. Se llevará a cabo entre la movilización de electores a través de aparatos electorales y operación política afines al oficialismo. Los gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, líderes y dirigentes del partido en el poder echarán a andar la maquinaria electoral del Estado para recabar la mayor cantidad de votos a favor de la ratificación del mandatario en turno.
Lo anterior simboliza una contradicción, una paradoja, pues la consulta popular emana de la Ley de Revocación de Mandato, que, como su nombre o denominación lo indica, implicaba la posibilidad de una eventual remoción o destitución de quien fungiera como el candidato fáctico del referéndum revocatorio. Sin embargo, lo que se promueve es contradictorio al espíritu de la ley referida, pues el oficialismo promociona la ratificación del dignatario y no su revocación. Esto como consecuencia de una contralegislación en la cual se añadió la posibilidad de ofrecerle al electorado la alternativa de votar tanto por la revocación como por la ratificación del presidente objeto de la consulta.
Entendiéndose así este mecanismo de participación ciudadana, podría simbolizar el preludio a una posible transición de una democracia liberal a una plebiscitaria y carente de instituciones que la regulen. Existen antecedentes en Latinoamérica en que presidentes mesiánicos y autoritarios justificaron su perpetuidad en el cargo basándose en elecciones ganadas; asegurando que la legitimidad de sus gobiernos emanaba de referéndums, consultas y plebiscitos dicotómicos, binarios, fundados en la falacia de falso dilema, que se controlaban y promocionaban desde el aparato del poder, tal y como está sucediendo aquí.
Falta el desenlace de todo esto. Tomando en consideración que, por motivos presupuestales, el Instituto Nacional Electoral colocará poco más de un tercio de las casillas que originalmente se debieron haber instalado; y que aunado a ello la oposición promueve la abstención electoral para el día de la consulta sobre revocación de mandato, lo más probable es que la participación en votos ronde entre el diez y el 15% respecto a la lista nominal; es decir, acabarán faltando seguramente más de 30 millones de votos para que el revocatorio surta efectos vinculantes y tenga validez jurídica plena.
En otras palabras, la herramienta de participación democrática alguna vez ideada para conferirle a la ciudadanía facultades para separar del puesto a un presidente que incumpliera o traicionara la confianza alguna vez depositada en su persona, terminará representando únicamente un espectáculo de fomento al culto a la personalidad y propaganda partidista. Por lo menos en eso acabará lo que se llevará a cabo este 10 de abril.
A esto hay que sumarle las enseñanzas del pasado. AMLO nunca ha reconocido el resultado de una elección que no le favorezca. En este caso no sería la excepción. Aunque es un hecho de que el corolario de la elección del revocatorio le favorecerá, suponiendo sin conceder que el resultado le fuese desfavorable; que 37 millones votaran por revocarlo; tenemos que recordar lo que establece el 14 constitucional en cuanto a que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ergo, esta consulta de ninguna manera podría ser vinculante para este titular del Ejecutivo, sino hasta al siguiente, pues su promulgación como ley fue posterior a la elección presidencial del 2018.
Otro factor a considerar son las transgresiones contantes y sistemáticas de parte del oficialismo en su insistencia por promover la participación en la consulta de revocación de mandato, a pesar de que como servidores públicos tienen expresamente prohibida dicha promoción; prohibición que en su momento la decretaron los oficialistas en el legislativo y que hoy pretender violar.
Esa terquedad y ese ultraje a la Constitución de parte de los lopezobradoristas envilece con un tufo de ilegitimidad al referéndum revocatorio. Si a esto añadimos el derroche de recursos que le ha supuesto al país la organización de una consulta que no tendrá validez jurídica, mientras que miles mueren a diario por la violencia, por la ineptitud administrativa, por el desabasto de medicinas, por falta de personal de seguridad o médico, lo lógico sería repudiar la participación en la elección que nos ocupa. Por la simple y sencilla razón de que se trata de una pérdida de tiempo innecesaria y exorbitantemente costosa.
En conclusión, tomando en cuenta que sabiendo a ciencia cierta que más del 95% de los votos favorecerán la continuidad del presidente; que la revocación jamás fue una posibilidad; que la ciudadanía no reivindicó este ejercicio; que la mayoría de los mexicanos votaron al actual mandatario para que gobernara por un sexenio, como la Constitución lo establece; que ni aunque perdiera la elección, la reacción contextual no le sería favorable al país; que en caso de ausencia del presidente su sucesor acabaría siendo uno de los diputados del partido en el poder; que los recursos despilfarrados en la organización de esta consulta pudieron haberse utilizado para cuestiones más importantes; que el oficialismo acarreará a sus votantes; que los verdaderos críticos del poder exigirán en su momento la rendición de cuentas al término del mandato y no excusas por una interrupción extemporánea; que no se recabarán los votos suficientes para el surtimiento de efectos legales de la consulta; que la elección se llevará conducida por una operación de Estado; por todo esto y más, en lo personal soy de la opinión de no participar en la consulta sobre revocación del próximo 10 de abril.
