Este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) resolverá dos actos reclamados por el Congreso de Tamaulipas relacionados con el desafuero del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como con la orden de aprehensión en su contra, acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Este análisis de la Primera Sala, que definirá el rumbo de García Cabeza de Vaca, se podría dar a cuatro días de las elecciones para definir a su sucesor en Tamaulipas, donde según encuestas el candidato de Morena, Américo Villarreal, se perfila como el ganador.
Los proyectos de resolución a estas dos controversias constitucionales no son públicos, pero se prevé que sean presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En el primer caso, el Congreso local impugnó el desafuero de García Cabeza de Vaca resuelto por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021, un acto que no fue homologado por el Legislativo local, donde en ese momento había una mayoría del PAN.
También se resolverá la impugnación sobre la orden de aprehensión en contra del gobernador que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2021.
El proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas comenzó a inicios de 2021 a solicitud de la FGR, por los delitos que le atribuye de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal.
El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, con recursos que provendrían, presuntamente, de posibles hechos de corrupción e incluso de triangulaciones con dinero ligado al narcotráfico.
En las imputaciones para su desafuero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acusó al mandatario estatal de simular la venta de un departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México, como parte de un entramado de lavado de dinero.
En entrevista con importante medio nacional, Javier Martín Reyes, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), opinó que lo que se discutirá es quién tiene la última palabra en el proceso de desafuero de gobernadores: ¿el Congreso local o la Cámara de Diputados?
“Hay una interpretación que dice que la última palabra la tiene la Cámara de Diputados y lo que dice es que en el momento que se le quita el fuero a un gobernador, entonces ya puede ser procesado penalmente porque ya se le quitó la inmunidad procesal. Pero hay otra interpretación, que creo que es la correcta, que dice que cuando se trata de funcionarios locales se necesita la declaratoria de la Cámara de Diputados y también del Congreso local”, dijo el abogado constitucionalista.
Los dos casos están agendados con los números 50/2021 y 70/2021, los cinco ministros que integran la Primera Sala de la SCJN pueden dejarlos en lista para que sean resueltos en próximas semanas.
Foto: Infobae
LSM
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