En su informe para 2022, el Índice Global de los Derechos, una medición de la Confederación Sindical Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés), señala que la situación ha empeorado para la mayoría de las personas trabajadoras a nivel global en cuanto a negociación colectiva, posibilidad de crear nuevos sindicatos o adherirse a otros, así como la obstaculización para estallar una huelga.
“Las empresas no están siendo obligadas a rendir cuentas” en materia laboral y lo están aprovechando. Muchas “han perdido una brújula moral” asegura la ITUC
Así mismo sostiene que esto ocurre tanto en el ámbito privado como en el público, y el impedimento de ejercer los derechos laborales viene de las compañías como de las autoridades.
El reporte ubica a México como un país donde hay violaciones laborales de forma regular, en el grupo 3.
El índice señala los peores países del mundo para las personas trabajadoras al calificarlos en una escala del 1 a 5+, según el grado de respeto a derechos laborales, donde el 5+ es el peor, pues hay “garantía de derechos por la ruptura del estado de derecho”.
Afganistán, Siria, Myanmar y otros siete países se encuentran en este grado.
El número 5 es para las naciones donde no hay garantía de derechos. En este apartado se encuentran cuatro países latinoamericanos: Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití.
El número 4 incluye a los países donde existen violaciones sistemáticas de derechos, como Estados Unidos, Venezuela, Perú, Chile, Uganda, Vietnam y otras 34 naciones más.
Nuestro país se encuentra en el número 3, el de “violaciones regulares”; Bélgica, Canadá y El Salvador, también.
Las últimas dos clasificaciones son “violaciones repetidas”, en el número 2, y “violaciones esporádicas” en el 1. República del Congo, Francia y República Dominicana, son algunos de los países para el antepenúltimo grupo, y Austria, Dinamarca y Finlandia para el último, donde hay casos aislados.
Las personas trabajadoras nos enfrentamos al impacto de múltiples áreas de crisis, dice el ITUC: “Niveles históricos de desigualdad, emergencia climática, pérdida de vidas y medios de subsistencia de la pandemia y su impacto devastador”.
De acuerdo con el reporte, en el 79% de los países se violó el derecho a la negociación colectiva en el sector público y el privado en el último año.
“La gente ve que los gobiernos han perdido el deseo de protegernos a todos y han traicionado nuestra confianza”, asevera también el reporte.
Los peores 10 países para trabajar son:
Bangladesh
Bielorrusia
Brasil
Colombia
Egipto
Esuatini
Guatemala
Birmania
Filipinas
Turquía
Respecto al continente, la clasificación de violaciones laborales pasó de 3.48 en 2021 a 3.52 en 2022. Esto significa que la situación empeoró entre afectaciones regulares y sistemáticas. En Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, “sindicalistas y trabajadores sufrieron ataques violentos”.
De los 25 países incluidos, el 92% impidió que se organizaran huelgas, el 88% impidió el registro de nuevos sindicatos y el 76% obstaculizó a las trabajadoras y trabajadores para afiliarse a una organización sindical. Y lo peor: sindicalistas fueron asesinados en Colombia, Ecuador, Guatemala y Haití en esta región. Pero también en Esuatini, Bangladesh, India, Irak, Italia, Lesotho, Myanmar, Filipinas y Sudáfrica.
En tanto, en 129 de 148 países, “las huelgas se restringieron severamente o se prohibieron”. Las violaciones al derecho de huelga se agrupan en dos categorías: enjuiciamiento de dirigentes sindicales por participar en huelgas y casos de despidos por participar en acciones de huelga.
La confederación registró movimientos sindicales brutalmente reprimidos por las autoridades en diferentes países. Las y los trabajadores “que ejercían su derecho a la huelga a menudo enfrentan procesos penales y despidos sumarios”.
Además, “se registraron graves restricciones a la negociación colectiva en 117 países”. Se muestra “un ataque sostenido a la negociación colectiva, un derecho fundamental para todos los trabajadores”. Esto ha ocurrido en todas las regiones, y el sector público y privado, “lo que refleja un intento concertado de los empleadores, a veces de la mano de los gobiernos, para restringir los derechos de los trabajadores”.
Foto: ucr.ac.cr
LSM
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