Consejero electorales advierten que el “plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena no solo amenaza con dejarlos sin empleo, sino que pone en peligro tareas clave para la organización de las elecciones.
Así mismo señalan que la labor recaerá en pocas personas que “no se darán abasto”.
La reforma al sistema electoral promovida por AMLO dará un golpe a la estructura organizacional del Instituto Nacional Electoral (INE), al eliminar plazas de las 32 Juntas Locales Ejecutivas y las 300 Juntas Distritales Ejecutivas, órganos encargados del desarrollo de los procesos electorales en el país.
El plan B suprimiría el 85% de las plazas adscritas al Servicio Profesional Electoral Nacional; es decir, de las 2 mil 571 plazas del SPEN, se estarían perdiendo 2 mil 175, con base en estimaciones de consejeros del INE.
Las 300 Juntas Distritales están conformadas actualmente con cinco vocalías cada una: Ejecutiva, Secretarial, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores.
En lugar de esos 300 cuerpos colegiados, se propone que exista una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa), que tendría bajo su responsabilidad las tareas de las cinco vocalías actuales.
Respecto a las 32 Juntas Locales Ejecutivas, éstas se compactan de cinco a tres vocalías, eliminando 262 plazas, 96 de ellas del SPEN.
Estas juntas son las encargadas de implementar los programas del INE y desarrollar las diversas actividades previas a la jornada electoral.
También se responsabilizan de la actualización del padrón, el diseño de la cartografía y la logística electoral, fomentan la educación cívica, monitorean las pautas en los medios de comunicación, revisan el padrón de personas afiliadas a partidos, emiten la certificación de sus asambleas constitutivas, hacen registro de candidaturas y cómputos distritales, y procesan las quejas en temas como fiscalización y violencia política contra las mujeres en razón de género.
Las y los vocales distritales del INE alertan sobre la imposibilidad para el instituto de implementar los programas, atender las demandas ciudadanas y desarrollar los comicios.
Esta caída en la calidad de los procedimientos —señalan— se traduciría en impugnaciones masivas en los procesos electorales, causales de nulidad y conflictos políticos.
Advierten que, en caso de ser despedidos, interpondrán juicios de amparo contra el “plan B”, por la violación de sus derechos laborales.
El “plan B” de López Obrador tendrá repercusiones en el proceso electoral 2023-2024, el más grande de la historia.
“La estructura que tiene el instituto está debidamente establecida para recibir la votación de manera correcta, de manera apegada a los principios rectores del instituto y, si reducimos esto, es quitarle una pieza a esta maquinaria. La implicación es que no se tenga una elección como debe ser”, vaticina Jesús Marín, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Distrital 12, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.
“Si nada más dejan algún elemento en las Juntas Distritales, no se va a dar abasto para realizar todas las actividades, o definitivamente no se van a hacer; se trata de actividades que son importantes por mandato constitucional”, añade.
Las oficinas de órganos electorales se transferirán a áreas de gobierno y peligraría el resguardo de los datos personales de los ciudadanos, es otro de los riesgos que enlista el vocal.
A María Castillo le parece imposible que este cúmulo de responsabilidades que realizan alrededor de 30 personas ahora puedan ser atendidas por dos, el vocal operativo y su auxiliar.
El personal adscrito al INE, dice, realiza cada tarea apegada a normas y reglamentos. Así, la calidad de dichas actividades podría verse demeritada ante la excesiva carga laboral que asumirá un reducido grupo de personas.
A Laura Campos, la vocal de Capacitación Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva, correspondiente al Distrito Electoral 1, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, le preocupa que el sistema electoral falle con la implementación del “plan B”.
Ha imaginado escenarios que estaban casi desterrados en el desarrollo de los procesos electorales: que las casillas se coloquen en sitios no autorizados, que los funcionarios de casilla no estén capacitados, que el padrón electoral tenga errores.
Y que estos casos deriven en impugnaciones interpuestas por los candidatos que no reconocen los resultados de la jornada electoral y que, finalmente, recurran a los balazos para dirimir esas diferencias.
“Si (el sistema) electoral falla, pueden pasar ‘n’ cantidad de cosas que ya hemos vivido, que lamentablemente ya han pasado, que las cosas se resuelven a balazos. A mí me preocupa eso porque yo amo profundamente a este país, independientemente si me quedo con trabajo o no. ¿Y luego qué va a pasar con la estabilidad política y económica de este país? Porque eso tiene mucho que ver. Y si hay una desestabilidad política, hay una desestabilidad económica”, alerta.
La funcionaria electoral recuerda que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) —ahora INE— nació en 1990 con la intención de restituir la confianza ciudadana en los comicios y, por eso, implicó crear un sistema en el que los ciudadanos cuentan los votos de sus vecinos.
Laura Campos teme que la imparcialidad del árbitro electoral se pierda y las nuevas oficinas de los órganos locales y auxiliares se localicen en edificios de la administración pública federal o estatal.
“Siempre hay que procurar uno de los principios del INE, que es la imparcialidad, siempre hacer una distancia. Nosotros somos el árbitro, no podemos estar cerca de los jugadores porque, si la oficina de gobierno pertenece a un partido o pertenece a otro, pues obviamente el de enfrente se va a inconformar”, dice.
Con la implementación del “plan B”, si se sustituyeran las tres juntas distritales ejecutivas por una, significaría que el ciudadano desembolsara más dinero e invirtiera el doble del tiempo para realizar dicho trámite. O peor aún: tendría que viajar a otras representaciones del INE en el Estado de México, quizá hacia Ecatepec, Coacalco, Tultitlán o Tlanepantla, plantea Laura Campos.
La vocal considera que es imposible que el próximo vocal operativo atienda todas las necesidades del distrito, que van desde actualización de la cartografía y entrega de credenciales hasta la planeación de la logística y organización de los comicios.
Por ello, expresa que se debería repensar la reforma electoral para definir cuáles son los cambios que requiere el sistema electoral.
“Hay que pensar bien qué otras cosas se deberían hacer. Porque se necesita una Junta Distrital por cada número de personas, necesitamos módulos de atención ciudadana, que les queden cerca a la población. Si se reduce el número de distritos, ¿cómo van a garantizar que todas las personas sean representadas de la misma manera? Todo eso hay que cuidarlo, yo creo que hay que cuidar los métodos, hay que cuidar la legitimidad que ha dado el INE”, señala.
Por su parte, Jesús Robledo, del Consejo Distrital 4, ubicado en Saltillo, Coahuila,opina que en los últimos comicios antes del “plan B”, la carga de trabajo asignada al personal, es extenuante.
Los trabajadores del servicio profesional electoral nacional realizan diferentes tareas para organizar el actual proceso electoral estatal 2022-2023, en el que se renovarán la gubernatura del estado y 25 diputaciones en el Congreso local.
Quizá estos sean los últimos comicios en los que se aplicarán las reglas del actual sistema debido al “plan B”.
La mayor carga laboral del Consejo Distrital se concentra en la organización de la elección: el personal visita los domicilios para verificar que cumplen con las características legales para la instalación de las casillas, como tener espacio suficiente para albergar a la mesa directiva, las mamparas y las urnas; además, realizan las gestiones necesarias con los propietarios para obtener los permisos.
En medio de la polémica por estos cambios legislativos, los trabajadores del Consejo Distrital visitan a más de 40 mil ciudadanos, quienes salieron sorteados para fungir como funcionarios de casilla.
“Es un trabajo muy arduo que se realiza a través de un capacitador y supervisor. Para este proceso, se contrataron 113 personas capacitadoras, son las personas que la gente identifica con nuestros chalequitos en la calle”, detalla Robledo.
Simultáneamente, los vocales del Consejo Distrital atienden las denuncias que presentan los ciudadanos y partidos por posibles delitos electorales.
Sin embargo, estas múltiples actividades que hoy realiza el personal del servicio profesional se verán afectadas con la implementación del “plan B” impulsado por el presidente López Obrador.
En el futuro, alerta el vocal, las personas que se integren carecerán de preparación para el desarrollo de los comicios.
“Las personas que se lleguen a incorporar no tendrán la experiencia necesaria para poder realizar el proceso y eso puede traer consecuencias de delitos postelectorales producto del descontento de los resultados electorales. Además, existe también el riesgo de que no podamos cumplir adecuadamente con los tiempos establecidos en el proceso electoral, hay disposiciones que mandatan la reducción de tiempo en la capacitación electoral y la disminución de ciudadanos que nosotros tendríamos que visitar”, expone.
Foto: Yahoo Noticias
LSM
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