La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PEVM) propuso reformar la Constitución Política para hacer obligatorio el ejercicio del voto en México y sancionar al ciudadano que, sin causa justificada, incumpla con ello.
No cabe voto popular en elección de ministros de la SCJN: Luis CarballoOrdena TEPJF retirar las mañaneras en las que se llama a votar por la 4TLas sanciones podrían ir desde suspender por un año su credencial de elector como medio de identificación personal o aplicar una multa de 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, detalló en un comunicado.
Explicó que su iniciativa plantea agregar una fracción al artículo 36 de la Constitución Política, a fin de establecer un procedimiento legal que ayude a reducir el abstencionismo electoral, además de dar completa legitimidad a quienes fueron electos en cargos de elección popular.
“Hay que reflexionar cómo hacer efectivo el cumplimiento de la obligación, en nuestra ley fundamental, de votar en elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato.
"Una alternativa es fijar consecuencias jurídicas para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acudan a las urnas cuando son convocados a ellas”, expuso.
Comentó que, en los comicios de 2022, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, para renovar el Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos la participación ciudadana no rebasó el 50 por ciento, y en 2023, en el Estado de México y Coahuila apenas se alcanzó 50.07 y 56.56 por ciento, respectivamente, de la lista del padrón electoral.
“En el Partido Verde estamos comprometidos con el fortalecimiento del régimen democrático, rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, lo cual transita por combatir el abstencionismo”, afirmó.
Finalmente, recordó que la obligatoriedad del voto con consecuencia por incumplimiento está sancionado en 27 países, siete de ellos son de América: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay; entre otras sanciones, destacan las multas pecuniarias, arrestos, trabajo social, no obtención de pasaporte o prohibición de ocupar cargos públicos.
Foto: archivo m
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