La tarde del viernes pasado se conoció una suspensión provisional de amparo, del Juez Federal 9º Distrito en la CDMX, en la cual se ordena a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrada Mónica Soto, para que un plazo de 24 horas: “deberá designar a dos personas magistradas de las Salas Regionales, que deben cumplir con el requisito de ser decanas…”. Con ello la Sala Superior cubriría las dos vacantes que actualmente tiene.
Reformar el poder judicial: ¿Venganza o necesidad de mejor justicia?Un vendepatriasAsí, la Sala Superior –que va a calificar la elección presidencial y confirmar el reparto de legisladores en ambas Cámaras del Congreso– pasaría de tener cinco a siete magistrados. El juez que ha ordenado la reintegración de la Sala Superior lo hace dado que en el Senado no han habido consensos para cubrir las dos vacantes existentes, desde el año pasado.
La decisión, que parece inocua y formalista, esconde mucho trasfondo y vale la pena explicarlo:
¿Quiénes promovieron el Amparo para nombrar magistrados faltantes en la Sala Superior del TEPJF? Lo hizo una asociación civil autodenominada “Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C.”. Entre sus integrantes están varios abogados que han combatido decisiones de la 4T. Todos ellos de gran abolengo en el mundo jurídico: Fabián Aguinaco, Andrés Aguinaco Goméz Mont y Andrea Rabasa.
¿Quién dio la suspensión y ordenó los nuevos nombramientos en la Sala Superior? Lo hizo el Juez Federal Rodrigo de la Peza López. Un juez a quien la 4T ha acusado de parcialidad y quien hecho para abajo (por inconstitucionales) las leyes de energía e hidrocarburos expedidas por el Congreso de la Unión de mayoría morenista.
¿Qué tiene de –muy– extraño esta resolución? Primero, que el juez que dictó la suspensión es uno de materia administrativa. No tiene facultad alguna en materia electoral y aún así se metió en una materia que no le compete y ordena a un Tribunal de jerarquía superior qué hacer.
Segundo, define y podrá supervisar cómo se reintegra la Sala Superior con las dos vacantes que ordenó cubrir, vía decanatos. Con esas dos vacantes se podrá hacer una nueva mayoría al interior de TEPJF. Estos dos nuevos magistrados tendrían que estar en la Sala Superior tan rápido como el día martes.
Tercero, con una nueva mayoría –los dos nuevos magistrados “decanos”, sumados a dos de los actuales magistrados en funciones en la Sala Superior– se va a calificar la elección presidencial, pero SOBRE TODO se va a revisar la repartición de los curules en el Congreso. Hay un serio debate académico y también al interior del INE de cómo se deben de repartir los curules en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Hay quienes sostienen que la sobrerrepresentación es por partido político –con base en una sola decisión del TEPJF del 2018–; pero hay quienes dicen debiera ser por coalición electoral.
La diferencia con ambos criterios es notable. Si fuera el reparto por partido, la 4T con el 54.7% de la votación tendría 364 legisladores en la Cámara de Diputados. Esta interpretación es la que hace el presidente de la República y la consejera presidenta del INE. Equivale, en los hechos, a haber obtenido el 72.8% de la votación.
Si el reparto de curules fuera por coalición, la 4T apenas estarían rondando los 300 diputados. Quedaría así bastante lejos de los 330 legisladores que significan la mayoría calificada.
Así, con los nuevos dos magistrados podría haber los votos para una nueva definición, en la Sala Superior, que establezca que la sobrerrepresentación es por coalición, con lo que la alianza “Seguimos Haciendo Historia” (Morena, PVEM y PT) recibiría menos posiciones en el Congreso y con ello ya no tendrían a su alcance los 2/3 partes de cada Cámara en el Congreso.
Con este criterio y repartición de curules, se vendría abajo el “Plan C” del Presidente López Obrador –ahora también adoptado por la virtual Presidenta Electa– y NO tendrían a su alcance los votos para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial de la Federación. Necesitarían forzosamente algunos votos de la oposición para llevar esta o cualquier otra reforma constitucional.
La definición de cómo se van a repartir los curules en el Congreso representa pues la última oportunidad para la oposición de bloquear la súper-mayoría que pretende tener Morena y aliados. El debate sobre la “sobre representación” es más que interesante y los argumentos de cada lado tienen mérito.
Pero cuando un juez federal, sin competencia en temas electorales, mete la manos al proceso y pretende reintegrar la Sala Superior del TEPJF a petición de una A.C., que es liderada por varios de los señalados –de años atrás– de ser parte de la “mafia del poder”, sencillamente huele a complot.
La presidenta del TEPJF tiene horas para impugnar la sentencia del juez de la Peza. Habremos pronto de saber si este “golpe” legaloide es sólo de un juez que enloqueció, o si otras instancias judiciales están participando para manipular la integración y decisiones en el máximo tribunal electoral en el país.
Lo que está ocurriendo quita mérito a una discusión de fondo que vale la pena tener respecto a la sobrerrepresentación y deja ver que también desde el PJF están dispuesto a jugar rudo. Se aproxima un cambio de régimen y hay quienes pretenden detenerlo por vías que distan de ser las idóneas. Pronto sabremos si tendrán éxito y las consecuencias de sus acciones en curso. Todo está en juego y todas las partes –incluido el arbitro, los jueces pues–, están jugando rudo en una coyuntura que redefinirá al país por muchos años por venir.
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Columna de Javier Tejado Dondé en SDP Noticias
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