México.- De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presenta distintas insolvencias o faltantes en el suministro de recursos federales por el orden de los tres mil 900 millones de pesos.
Este es el presunto escondite de El Mayo Zambada, el Triángulo DoradoYa suman tres días consecutivos de bloqueo en el Arco NorteConforme a los dictámenes de la ASF, en el periodo de 2019 a 2023 existen daños a la Hacienda Pública federal incluidas pendientes de aclaración y hasta cargas financieras, por tres mil 901 millones 463 mil pesos.
Es así que, durante el primer año de su gestión, las irregularidades se concentraron en apoyos y participaciones a entidades federativas y municipios, así como en áreas de salud, obra e infraestructura. Para 2020, también se reportaron recursos pendientes en emergencias y desastres naturales, extendiéndose a 2022 y 2023 en el ámbito educativo.
A lo largo del 2019, se presentaron faltantes por mil 851 millones de pesos en participaciones federales a estados. La ASF revisó el 91.2% de los recursos transferidos a Morelos, encontrando que dicho Gobierno incurrió en inobservancias normativas que generaron un probable daño a la Hacienda Pública por 859.8 millones de pesos, lo que representa el 10.6% de la muestra auditada.
Mientras que, en el 2021, la gestión de Blanco no aclaró el uso de 302 millones de pesos transferidos por la Federación. La auditoría de ese año reveló infracciones a diversas normativas federales y estatales, resultando en un probable daño de 302.3 millones de pesos, el 3.9% de la muestra auditada.
Hace un par de años, la ASF encontró que 888 millones de pesos en participaciones federales no fueron aclarados, después de revisar el 79.7% de los recursos asignados al estado. Las inobservancias de la normativa generaron un probable daño de 736.9 millones de pesos, con solicitudes de aclaración por 151 millones de pesos, el 10.3% de la muestra auditada.
Esto quiere decir que la supuesta afectación a la Hacienda Pública en los servicios de salud entre 2019 y 2022 supera los 328 millones de pesos, mientras que en educación tecnológica y de adultos, el perjuicio es de 51 millones de pesos. Las observaciones comunes incluyen la transferencia de recursos a cuentas no identificadas, dejando el destino de los fondos en cuestión.
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