La discusión final en el Senado sobre la reforma judicial comenzó de manera estruendosa, apasionada y violenta, sin hablar nada sobre el dictamen aprobado en comisiones, pero colocando en el aparador nacional la escatología del sistema político mexicano, que no sólo se mantiene intacto en el epílogo del gobierno obradorista, sino que ha socializado desde esa gran tribuna del Estado mexicano los recursos e instrumentos que tiene un poder autoritario para someter a sus adversarios y obligarlos a que hagan lo que se les exige.
Las presiones del poder contra los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez, panista de Veracruz, y Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano de Campeche, los hicieron esconderse. El primero rompió todo contacto con sus compañeros de partido desde el lunes al mediodía y ayer pidió licencia antes de iniciar la sesión, para ser sustituido por su padre y suplente; el segundo también se esfumó, en medio de denuncias de que su padre y él habían sido detenidos ilegalmente en Campeche.
La desinformación causada por el silencio de ambos provocó un cruce de acusaciones y especulaciones que no fueron apagadas ni por su presencia para aclaraciones, ni por las fiscalías informando si existen o no las carpetas de investigación. Varios senadores han admitido que los han amenazado con investigaciones penales y, en cuando menos un caso, por presuntos delitos de delincuencia organizada, a menos que cambien el sentido de su voto a favor de la reforma judicial.
Ha habido otro tipo de presiones con la participación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que avaló la compra de voluntades siempre y cuando no trascendiera a la opinión pública para mantener su narrativa de que son “diferentes” –razón por la cual se molestó y ordenó reprender al senador verde Manuel Velasco cuando adelantó que tenían la mayoría calificada–, pero también de secretarios de Estado, gobernadores y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que operó alineada a los intereses del Presidente.
La primera puerta que se tocó para convertirla en morenista fue la del líder del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, que recibió una llamada del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que, junto con Saucedo, fuera a verlo. Ramírez Bedolla les pidió que Saucedo saltara a Morena para que ayudara a darle la mayoría calificada en esa cámara y votara por la reforma judicial pues, de negarse, los 14 ayuntamientos que son gobernados por el PRD en la actualidad iban a sufrir las consecuencias y les iban a bloquear presupuestos y apoyos.
Estaban dubitativos, por lo que vino otra amenaza: o accedían o Morena iba a absorber los ayuntamientos, quitándoselos política y electoralmente al PRD. Si se sumaba a Morena, en pago los ayudarían a hacer del PRD un partido regional poderoso que eventualmente pudiera contribuir a recuperar el registro nacional. No se comieron esa zanahoria, pero las intimidaciones tenían que ser evaluadas. Entonces vino una segunda llamada, de la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, amiga de los dos desde sus tiempos en el PRD, que volvió a insistirles sobre los beneficios que tendrían con Morena, que como les había dicho Ramírez Bedolla, podrían tenerlos sin que Ocampo renunciara al PRD.
Un telefonazo de refuerzo provino de Lázaro Cárdenas, que revela la sincronía con la que están actuando López Obrador y Sheinbaum. Cárdenas, cuya familia tiene una fuerte ascendencia en Michoacán –que su abuelo, su padre y él mismo gobernaron, que será el jefe de Oficina en la Presidencia de Sheinbaum y durante la transición lo han responsabilizado de algunos de los temas más delicados, como recientemente fue haber entrevistado a todos los candidatos a las secretarías de la Defensa y la Marina– los presionó para que Saucedo aceptara sumarse a Morena.
Después de la llamada de Cárdenas vino otra, de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y que será la próxima secretaria de Gobernación, que insistió en que brincara de bancada y apoyara el proyecto de López Obrador-Sheinbaum, que parecía haber sido la última palanca de presión, sin imaginarse que la siguiente en hablar con ellos sería la presidenta electa. La participación de la presidenta electa no sólo fue sorpresa para ellos sino para todos los que supieron de estas gestiones.
Revela que en la definición de los tiempos para sacar adelante la reforma judicial, que Sheinbaum quiso patear para adelante a fin de que no generara un problema económico al arranque de su administración, sólo era una acción estratégica coyuntural porque comparte las mismas ideas de López Obrador sobre el país de un solo hombre (y en semanas de una sola mujer), por lo que trabajó en estos días para él, como una más de sus operadoras subordinadas, no como la próxima presidenta de México. Nadie deberá llamarse engañado en el futuro.
En el contacto que tuvieron con ella, confiaron Ocampo y Saucedo a perredistas, Sheinbaum no entró en ningún detalle, asumiendo que la senadora estaba de acuerdo en incorporarse a Morena, y les pidió hablar con el coordinador de la bancada en el Senado, Adán Augusto López, quien inmediatamente afinó los detalles de su cambio.
La marejada aplastó a Saucedo, y en vísperas de rendir protesta se fue a Morena. Sucumbió a la coacción sin necesidad de corromperla con dinero. Las voluntades también se ganan con miedo. Eso es lo que sucedió con Yunes Márquez y Barrera, aunque todavía no se ve la profundidad de la operación de terror que hizo Morena estos últimos días para buscar su voto.
Aun así, lo que estamos atestiguando estos días nos permite ver el México que fue y asomarnos al México que viene, donde el poder se usa sin escrúpulo ni pudor, con prepotencia y fuerza para satisfacer a quien despache en Palacio Nacional.
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