En México hay 90 mil personas presas sin sentencia, de las cuales 50% está sujeta a detención preventiva oficiosa, figura que viola el derecho a la libertad personal, dijo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU).
Policías capturan a Juan en Quecholac con un arma y 13 cartuchosHallan cuerpo putrefacto de joven en río de Hueyotlipan, TlaxcalaEste martes presentó su informe que, dijo, “ofrece una oportunidad” pues aunque encontraron cambios positivos en el sistema penal detectaron que la detención arbitraria aún es práctica generalizada en el país que afecta particularmente a integrantes de los Pueblos Indígenas.
El grupo de trabajo estuvo en el país del 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno de México y en su reporte A/HRC/57/44/Add.1: Visita a México-Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria señala que muchas personas detenidas “habían sido sometidas a una prisión preventiva oficiosa prolongada”, en algunos casos por más de cinco años.
“Es preocupante que la detención preventiva excesivamente prolongada es común entre todas las personas detenidas”, aseveró e indicó que la figura contribuyó a una población de cerca de 230 mil personas encarceladas.
Hicieron un llamado para que la prisión preventiva oficiosa solo pueda ser aplicada en función de una evaluación individualizada de cada caso.
“El Grupo de Trabajo insta a México a armonizar su enfoque sobre la detención preventiva oficiosa de la Constitución y estableciendo que ésta solo pueda aplicarse en función de una evaluación individualizada en la que se demuestre el riesgo de fuga, la interferencia con las pruebas o la repetición del delito”.
Aunque reconoció avances como la transición a partir de 2008 hacia un modelo acusatorio de justicia penal, la extensión del amparo a los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal de 2016 y la introducción de un Registro Nacional de Detenciones, apuntó que persisten deficiencias como la figura de arraigo, la detención preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad que ha contribuido a un incremento de violaciones a los derechos humanos, el uso excesivo de fuerza al momento de las detenciones, la falta de acceso a la asistencia de abogados calificados y ataques a la independencia judicial.
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Foto: Especial
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