Hechos de dictadura, no señales

Dos semanas de atender señales de lo que hará la presidenta Sheinbaum con el desastre que le dejó López Obrador, nos dejan claro la radicalización del proyecto dictatorial.

Ya no son señales, sino hechos.

Ayer anunció un plan de vivienda en el que se “considerará la adquisición de terrenos privados a precio del gobierno”.

Es un hecho: exprópiese para construir vivienda popular.

Quitar a unos para dar a otros.

Con el Poder Judicial en la bolsa, cualquier día podrán ordenar: tu casa es muy grande para una familia pequeña, y habiendo tanta gente con necesidad de vivienda, se divide en tres y se pagará a precios del gobierno.

¿No va a ocurrir? Tal vez no. Pero dependerá de la buena voluntad del gobernante en turno y no de la certeza jurídica.

Informó en la ‘mañanera del pueblo’, como llama la Presidenta a su conferencia matutina, que el plan estará a cargo de Octavio Romero Oropeza, el agrónomo que dejó quebrado a Pemex y ahora es director de la principal institución financiera del país, el Infonavit.

Las compras de terrenos privados, léase expropiaciones, se pagarán a precio del gobierno, que es decir a valor catastral y no comercial. En caso de que el propietario se inconforme, puede acudir a un juez para lograr una negociación.

¿Qué juez le dirá que no al gobierno?

Con las reformas de Morena y aliados, no habrá manera de ganarle un litigio al supremo poder.

La Presidenta tuvo en sus manos la posibilidad de vetar el paquete de reformas constitucionales al Poder Judicial que otorga a ella y a su grupo político el monopolio del poder.

Pudo frenar esa concentración de poder que caracteriza a las dictaduras de nuestro siglo, y lejos de hacerlo la promovió.

Concentrará el Ejecutivo, que ella ganó. El Poder Legislativo con una mayoría espuria, obtenida a través de la burla a la ley. Y el Poder Judicial, desmontado a través de una tómbola con Fernández Noroña como maestro de ceremonias.

Dijo en su ‘mañanera del pueblo’ que la tómbola del sábado fue sólo para realizar el listado de los cargos que serán puestos a consideración mediante el voto popular.

No, no fue “únicamente para realizar el listado”, como dijo. Fue para sortear quiénes serían los magistrados de circuito y los jueces de distrito que serían corridos.

Su despido no fue por su desempeño, sino por una tómbola. La otra mitad de jueces y magistrados saldrá en la siguiente camada, dentro de dos años.

El argumento de la Presidenta para desmantelar el Poder Judicial fue el mismo que el de su antecesor: es un poder corrupto porque libera a criminales y permite el nepotismo. Sin duda hay jueces corruptos, quítenlos. Todo el país estaría de acuerdo en una reforma judicial para mejorar la impartición de justicia.

Pero el objetivo es apoderarse del único contrapeso al poder de la Presidenta y su grupo.

Las fiscalías, con ministerios públicos y policías judiciales, dejaron tres millones de carpetas de delitos sin averiguar durante el sexenio de López Obrador.

Menos de cinco por ciento de los delincuentes es puesto ante un juez por el MP.

Está claro que ahí se encuentra el principal nudo de corrupción e ineficacia.

¿Qué van a hacer con los MP y judiciales corruptos?

¿Los van a depurar con una tómbola?

Hubo quienes pensaron, y aún hoy lo sostienen, que el oprobio a los jueces de quitarlos sin más argumento de que son corruptos, cuyo estigma cargarán hasta el último de sus días, fue un berrinche de López Obrador porque la Corte le impidió dejar a Arturo Zaldívar dos años más.

No es así. Es un proyecto de dictadura populista que ya está plasmado en la Constitución.

Claudia Sheinbaum es ahora la timonel de ese proyecto. Es una realidad, no interpretación. Está en marcha y no hay reversa hasta cuando pierdan el poder, si es que lo entregan.

La Presidenta recibió un país ensangrentado, en la anarquía criminal debido a la displicencia o complicidad de su antecesor.

Estamos urgidos de ley y unidad para salir de la avalancha de asesinatos y recuperar estados donde mandan los cárteles.

Ante nuestros ojos el grupo gobernante juega con la legalidad en una tómbola y la presidenta Sheinbaum sigue con el discurso de confrontación y de culpar a Calderón.

No fue Calderón el que empoderó a los cárteles, sino López Obrador. Prometió dejar el país en paz, y le tomó el pelo a la ciudadanía.

Sheinbaum dijo que era demócrata, y consolida una dictadura.

Hacen maromas verbales para distraernos de la dictadura populista que tenemos encima.

“¿Cuál dictadura, si ustedes escriben sin mordaza?”, oigo decir.

Luego de acabar con el Poder Judicial irán por los dueños de los medios o sus periodistas. Salvo que no sea necesario.

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Columna de Uso de Razón de Pablo Hiriart en El Financiero

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