La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado, inició 773 investigaciones en 2023, de las cuales judicializó 67 y sólo en tres hubo sentencia condenatoria, revela Tojil, organización que a través del litigio estratégico combate la corrupción, los abusos de autoridad y la impunidad.
Puebla, una radiografía de su servicio médico forensePuebla apoya la creación, operación y fortalecimiento de Unidad de Investigación del DelitoEn su análisis 2023-2024 sobre las fiscalías anticorrupción de todo México detectó obstáculos financieros, políticos y de recursos humanos que dificultan abatir los altos índices de impunidad en casos de soborno, desvío de recursos públicos y tráfico de influencias.
Si en el ámbito local los resultados del análisis parecen indicar que nada puede contra la corrupción, en lo nacional las cifras no son mejores: la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) inició 15 mil 356 carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción.
En el mismo periodo, las fiscalías tomaron alguna determinación en 5 mil 900 carpetas; archivaron 2 mil 846 de ellas; enviaron a un juez 885; lograron 504 vinculaciones a proceso; y obtuvieron 129 sentencias de un juez.
Hay, sin embargo, 13 entidades en las que no se obtuvo ninguna sentencia por corrupción: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
En las antípodas se encuentran Durango y el Estado de México, con 37 casos cada una. La Fiscalía Anticorrupción del Estado de México abrió 4 mil 388 investigaciones, pero sólo judicializó 174.
En términos monetarios el presupuesto de las distintas fiscalías osciló desde los 500 mil hasta los 74 millones de pesos y hubo cinco que tuvieron un presupuesto superior a los 50 millones: Jalisco, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Puebla; 15 reportaron entre 10 millones y 50 millones; y se ubicaron por debajo de los 10 millones las de Aguascalientes, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero e Hidalgo. De todas, sólo siete pueden solicitar su presupuesto directamente al Congreso.
Y aunque en una primera lectura los montos parecieran altos, cuando se analiza a fondo se encuentra que la fiscalía de Hidalgo tuvo 525 mil 300 pesos en 2023, un promedio de mil 459 pesos al día.
Este mismo ejercicio hecho con respecto de Puebla arroja que si la entidad ejerce 50 millones 860 mil 029 pesos le toca, por día, 139 mil 342 pesos; y en 2024 la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de Puebla tuvo un presupuesto incluso menor que el del año previo: es de 48 millones 191 mil 855 pesos, 5 por ciento menos.
Guerrero ocupa el segundo lugar en la tabla con menor presupuesto, con 3 millones 623 mil 584 pesos, seguido de San Luis Potosí con 5 millones 593 mil 755 pesos; la de Jalisco es la más alta con 74 millones 138 mil 792 pesos en 2023 y un aumento de 3 por ciento en este 2024, le siguieron Chihuahua con 62 millones 517 mil 869 pesos y Sonora con 53 millones de pesos.
De todas las instituciones, sólo siete tienen la capacidad de solicitar directamente al Congreso su presupuesto, recalcó el estudio de Tojil.
Además, de acuerdo con Tojil, al analizar si las Fiscalías Anticorrupción cuentan con la normatividad vigente y aplicable para su correcto funcionamiento se encontró que las de tres estados avanzaron de “deficiente” a regular, entre ellas la del Estado de México. Las Fiscalías Anticorrupción que prevalecen en el nivel más bajo de este eje con una calificación “deficiente” son Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Puebla y Sinaloa.
En este apartado se analizaron 15 variables entre las que se encuentran fundamento legal, autonomía, catálogo de delitos de corrupción, Ley Orgánica, reglamento interior, manual de procedimientos, investigación, preparación de audiencias, protección a testigos y operaciones encubiertas.
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Foto: Especial
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