Juan Carlos Ramírez Michaca, de 39 años, ha pasado las últimas dos décadas en prisión tras ser condenado a 70 años por un crimen que asegura no cometió. Su caso, marcado por irregularidades, torturas y corrupción, ha llevado a su familia y abogadas a luchar desesperadamente por su amnistía, una promesa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para liberar a personas encarceladas injustamente.
CDH coadyuva en la búsqueda de la activista Sheridan MataBuscaban a Ricardo y localizaron un cuerpo sin vida en TecamachalcoActualmente, Ramírez Michaca está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social 13, en Oaxaca, a más de 600 kilómetros de su familia en el Estado de México. Su esposa, Alejandra Estrada García, y sus hijos, Ángel Tadeo y Carlos, enfrentan las dificultades de mantener un vínculo con un hombre que fue separado de ellos bajo circunstancias plagadas de abusos y negligencias judiciales.
El 20 de febrero de 2005, policías judiciales del Estado de México irrumpieron en el taller de radiadores de la familia Michaca en Ecatepec. Tras saquear el lugar, detuvieron a Juan Carlos, junto con sus primos Noé y Diego, este último menor de edad. Durante el trayecto al Ministerio Público, Juan Carlos fue torturado física y psicológicamente para obligarlo a declararse culpable de un triple homicidio ocurrido días antes.
Los testimonios en su contra fueron contradictorios y, en algunos casos, se retractaron. Un testigo clave negó conocer a Juan Carlos o haberlo visto cometer el crimen. Sin embargo, la policía creó la narrativa de una supuesta banda criminal llamada Los Michaca para justificar la detención. A pesar de la falta de pruebas contundentes, el proceso judicial siguió adelante, con denuncias de extorsiones y amenazas por parte de las autoridades.
Alejandra Estrada identifica a Felipe Carmona, un comandante de la policía judicial que encabezó la detención, como una figura clave en las irregularidades del caso. Carmona, señalado en múltiples ocasiones por corrupción y abuso de poder, habría amenazado a Juan Carlos y a su familia incluso después de su encarcelamiento.
En 2016, Carmona fue asesinado en la Ciudad de México, tras haber sido detenido previamente en dos ocasiones por extorsión. Para la familia de Juan Carlos, su muerte representó un descanso parcial, aunque el daño causado por su influencia en el caso persiste.
Desde su traslado al Cefereso de Oaxaca en 2021, las posibilidades de que Juan Carlos reciba visitas de su familia se han reducido drásticamente. En el penal federal, su única actividad permitida es la creación de figuras de papel y madera que envía a su esposa e hijos como muestra de afecto.
Sus abogadas, Araceli Olivos y Roberta Cortés, han señalado múltiples inconsistencias en el expediente, incluidas alteraciones y tachaduras en los documentos que justificaron su traslado. La familia de Juan Carlos ve en la amnistía su única esperanza de justicia, confiando en que alguien revise el caso y atienda las evidentes irregularidades.
Ángel Tadeo, de 14 años, encontró en la música una forma de expresar su amor y apoyo a su padre. Inspirado por un encuentro con Los Tigres del Norte, compuso la canción ‘Justicia para mi padre’, que relata con precisión los detalles del caso. Tanto él como su hermano Carlos acompañan a su madre en la búsqueda incesante de la libertad de Juan Carlos. Después de 20 años, Alejandra y su familia mantienen la esperanza de que el caso de Juan Carlos reciba la atención que merece. “Ojalá le dieran la oportunidad de recuperar algo de su vida. Solo que se estudie lo que ya hay, que alguien le preste atención a su expediente”, dice Alejandra, resistiéndose a que la injusticia defina el futuro de su esposo y de su familia.
Material de Jorge Arturo Gutiérrez González publicado en https://massinformacion.com.mx
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