El gobierno de Estados Unidos calificó como una "farsa" la reciente investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, al tiempo que incrementó las recompensas por su captura, elevándola a 25 millones de dólares. Según la administración de Joe Biden, el mandatario venezolano enfrenta acusaciones de narcotráfico y corrupción, mientras que el Departamento de Justicia ha apuntado a presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 28 de julio, en las que, según Washington, Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador.
Este aumento en la recompensa por la captura de Maduro también incluye nuevas sumas para otros miembros clave de su gobierno. Así, la cifra para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, se elevó a 15 millones de dólares, mientras que la recompensa por Diosdado Cabello, ministro del Interior, se mantiene en 10 millones de dólares. La medida forma parte de un paquete más amplio de sanciones que buscan presionar al régimen venezolano por sus prácticas de represión y corrupción.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se expresó enérgicamente contra el acto de investidura de Maduro, a través de sus redes sociales, reiterando que la administración estadounidense no reconoce su legitimidad y, en cambio, apoya al pueblo venezolano en su lucha por una democracia genuina. Blinken destacó que Edmundo González Urrutia es quien legítimamente debería ocupar la presidencia de Venezuela.
La postura de Washington fue respaldada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que también sancionó a varios altos funcionarios del régimen de Maduro. Entre los sancionados se encuentran Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA, y Ramón Celestino Velásquez, ministro de Transportes y presidente de Conviasa, a quienes se les acusa de involucrarse en actividades que vulneran los derechos humanos y contribuyen a la represión política en el país.
Por otro lado, en un gesto de apoyo a la población venezolana, el gobierno de Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que residen en EE. UU., lo que les permitirá seguir viviendo y trabajando legalmente en el país por 18 meses más. Esta medida responde a la grave crisis política y económica que azota a Venezuela bajo el liderazgo de Maduro, lo que ha forzado a miles de ciudadanos a huir en busca de mejores condiciones de vida.
Pese a las sanciones y el aumento de la presión sobre el régimen de Maduro, Washington ha decidido mantener las licencias otorgadas a algunas petroleras extranjeras, entre ellas la estadounidense Chevron, para que continúen operando en Venezuela. No obstante, estas autorizaciones se concederán de manera individual, dependiendo de las circunstancias.
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