El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un decreto que ordena la suspensión de la entrada de migrantes a través de la frontera sur con México, como parte de su enfoque más estricto hacia la inmigración ilegal. Esta medida es la más reciente en una serie de acciones del mandatario que buscan frenar el flujo de personas que intentan ingresar de manera ilegal al país, especialmente a través de la frontera con México.
Armenta destinará 10 mdp en mejorar Casas Puebla en Estados UnidosLa Casa Blanca informó que el decreto firmado por Trump tiene como objetivo reforzar las políticas migratorias y limitar el ingreso de migrantes sin documentos. Según lo explicado por las autoridades estadounidenses, la medida responde a una interpretación del Artículo IV de la Constitución de EE.UU., el cual garantiza la protección de los estados ante "invasiones". Con base en esta justificación, el presidente tiene la autoridad, bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, para suspender la entrada de migrantes que cruzan de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Además, la administración de Trump ha recortado las disposiciones legales que anteriormente permitían que ciertos migrantes pudieran quedarse en el país después de cruzar los cercos fronterizos. La orden ejecutiva también otorga al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento de Estado la facultad para repeler, repatriar y expulsar de inmediato a los migrantes indocumentados que intenten ingresar al país por la frontera sur.
Para reforzar estas medidas, el gobierno de Trump ha anunciado el envío de 1,500 soldados adicionales a la frontera sur. Esta movilización busca fortalecer la seguridad en la zona y evitar el paso de migrantes. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, confirmó que la medida es parte de los esfuerzos por proteger la frontera y garantizar el cumplimiento de las nuevas políticas migratorias.
El Departamento de Justicia también ha sido claro en su postura al advertir a las autoridades locales y estatales que, si no cooperan con las políticas de inmigración de Trump, podrían enfrentarse a cargos legales. "La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse o incumplir con las órdenes legales relacionadas con la inmigración", destacó Emil Bove, fiscal general interino.
Otra de las medidas que ha causado controversia es la autorización para que las fuerzas del orden federales realicen arrestos en lugares considerados "sensibles", como iglesias, hospitales y colegios. El secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamin Huffman, aseguró que este cambio en la política de arrestos tiene como objetivo "atrapar a criminales extranjeros", incluidos aquellos acusados de delitos graves como asesinatos y violaciones, sin importar si se esconden en estas instituciones.
Esta medida ha sido criticada por grupos de derechos humanos, quienes consideran que podría generar un clima de miedo y desconfianza entre los migrantes y las comunidades religiosas y educativas. Sin embargo, la administración de Trump ha defendido la acción como una necesidad para garantizar la seguridad del país y hacer cumplir la ley.
La decisión de Trump de implementar estas políticas no es nueva, ya que durante su campaña presidencial, el mandatario prometió llevar a cabo lo que calificó como "la mayor deportación de migrantes en la historia de Estados Unidos". Desde su llegada al poder, las políticas migratorias han sido uno de los temas más polémicos, con medidas que han buscado aumentar las deportaciones y dificultar la permanencia de migrantes en el país.
Con el decreto más reciente, Trump parece seguir esa línea, asegurando que no habrá espacio para la "resistencia" a las políticas federales en los estados, lo que podría generar nuevos choques legales y sociales en los próximos meses. Sin embargo, este enfoque también ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo por la dureza de las medidas y el impacto que podrían tener en las comunidades migrantes.
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