El Senado de la República aprobó este martes un paquete de reformas clave que modifican la estructura del sector energético mexicano. Con 85 votos a favor, 39 en contra y una abstención, los legisladores dieron luz verde a un conjunto de ocho nuevas leyes secundarias que buscan fortalecer a las empresas estatales Pemex y la CFE, al tiempo que reorganizan la supervisión y la planeación del sector.
Entre las principales modificaciones, destaca la creación del Consejo de Planeación Energética, un nuevo órgano coordinador que tendrá la tarea de supervisar y planear las políticas energéticas del país. La senadora María Guadalupe Chavira, del partido Morena, subrayó que esta medida responde a una necesidad de devolver al Estado la capacidad de controlar y planificar de manera efectiva el sector energético, eliminando lo que, según ella, eran “fragmentaciones y duplicidades” que dificultaban su funcionamiento.
Otra de las reformas clave implica la desaparición de dos instituciones emblemáticas: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ambas comisiones, cuya función ha sido regulatoria y supervisora, perderán su autonomía, y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía (Sener). En su lugar, se creará la Comisión Nacional de Energía (CNE), un organismo administrativo que se encargará de coordinar y controlar el sector energético. Para la senadora Laura Itzel Castillo, también de Morena, la desaparición de la CNH y la CRE responde a la necesidad de eliminar lo que ella misma calificó como “comisiones regaladoras de energía”, un sistema que según su visión permitía la distribución de permisos sin una adecuada planeación.
En términos de inversión, las reformas también abren la puerta para que las empresas privadas participen en la generación de energía eléctrica y en la exploración de hidrocarburos, pero a través de esquemas de inversión mixta. Esta posibilidad de participación privada ha sido uno de los puntos más debatidos, ya que, mientras algunos sectores celebran esta apertura como un paso hacia la modernización del sector, otros lo ven como una contradicción de los principios que dieron origen a la reforma energética de 2013, de la cual se sostiene que el control estatal debería prevalecer.
La oposición al paquete de reformas no se ha hecho esperar. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de “cambiar de discurso” al abrir nuevamente el mercado eléctrico, una práctica que, según él, criticaron ferozmente en 2013. Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, denunció que la reforma carece de claridad sobre cómo se garantizará el dominio de Pemex y la CFE, y alertó sobre el riesgo de que esta reforma termine favoreciendo la corrupción, debido a la mayor flexibilidad en la asignación de contratos.
Con todo, el debate sobre las reformas sigue en pie, y los legisladores continúan discutiendo los artículos reservados. Las modificaciones aprobadas marcan un giro importante en la política energética del país, buscando consolidar un modelo más centralizado y bajo control estatal, pero también abren nuevos frentes de discusión sobre la transparencia, la eficiencia y el papel del sector privado en la energía mexicana.
En lo que respecta al futuro inmediato, el sector energético enfrenta una etapa de cambios significativos. Habrá que esperar cómo se implementan estas reformas y cuál es su impacto real en la estabilidad del mercado, así como en el bienestar de los mexicanos, en un contexto de creciente demanda energética y desafíos en la transición hacia fuentes más limpias y sostenibles.
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