Ciudad de México.- Los adultos mayores, las personas con herencias inconclusas y quienes mantienen propiedades desocupadas aparecen entre los principales perfiles de riesgo frente a esquemas de despojo inmobiliario conocidos públicamente como el llamado “Cártel del Despojo”.
La denominación no corresponde a una organización criminal reconocida oficialmente por el Gobierno federal. Se utiliza para describir redes que presuntamente intentan apropiarse de viviendas y terrenos mediante documentos falsos, trámites irregulares, procedimientos legales simulados y, en algunos casos, la ocupación física de los inmuebles.
Severiano de la Rosa atiende demandas de colonias antorchistas en AmozocAccidente provoca volcadura de ruta Amozoc en la carretera Amozoc-Teziutlán El tema volvió a la discusión pública por denuncias registradas en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, y por el caso de una mujer adulta mayor involucrada en una disputa por una propiedad en Chalco, Estado de México.
De acuerdo con la información disponible, el concepto comenzó a extenderse a partir de investigaciones realizadas en Oaxaca por delitos patrimoniales relacionados con operaciones inmobiliarias irregulares. Posteriormente, autoridades y medios emplearon la misma expresión para referirse a casos semejantes en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, aunque no existe confirmación de que todos formen parte de una sola estructura.
Estas operaciones suelen comenzar con la identificación de inmuebles cuyos propietarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entre los objetivos frecuentes aparecen casas abandonadas, viviendas desocupadas durante periodos prolongados, terrenos sin vigilancia, propiedades de personas que residen fuera del estado o del país y bienes cuya sucesión legal todavía no concluye.
Después de seleccionar la propiedad, los responsables pueden elaborar escrituras apócrifas, poderes notariales falsos, contratos de compraventa simulados, identificaciones alteradas o documentos sucesorios manipulados para aparentar una transferencia legítima.
El siguiente paso puede consistir en promover juicios civiles, cesiones de derechos inexistentes o embargos ficticios con la intención de obtener resoluciones que respalden el cambio de propietario. Uno de los momentos decisivos ocurre cuando la documentación logra inscribirse en el Registro Público de la Propiedad o formalizarse mediante instrumentos notariales.
Cuando esto sucede, el dueño legítimo puede verse obligado a iniciar un proceso judicial para recuperar su patrimonio. En algunos expedientes también se investigan amenazas, supuestas órdenes judiciales y la presencia de grupos que buscan desalojar a los ocupantes.
Las autoridades han señalado que cualquier propietario puede ser víctima, pero los casos muestran una mayor exposición entre personas adultas mayores que viven solas, familias con juicios sucesorios pendientes, mexicanos residentes en el extranjero, dueños de terrenos en zonas de alta plusvalía y propietarios de casas cerradas durante largos periodos.
Dependiendo de cada investigación, las fiscalías han analizado la posible participación de particulares, abogados, gestores, notarios, falsificadores, servidores públicos y personal de registros inmobiliarios. La intervención de cada persona debe acreditarse con las pruebas reunidas por la autoridad correspondiente.
Los delitos investigados pueden incluir despojo, fraude, falsificación y uso de documentos falsos, ejercicio ilícito del servicio público, asociación delictuosa y actos de corrupción. Las acusaciones dependen de las circunstancias y evidencias de cada expediente.
Para reducir riesgos, especialistas y autoridades recomiendan mantener actualizadas las escrituras, concluir oportunamente los juicios sucesorios, revisar periódicamente la situación registral de los inmuebles y evitar entregar poderes notariales sin asesoría jurídica.
También se aconseja denunciar de inmediato cualquier intento de ocupación, cambio de cerraduras o modificación irregular de la propiedad. La ausencia del propietario y la falta de vigilancia documental pueden permitir que las irregularidades permanezcan sin ser detectadas durante meses o años.
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