Ciudad de México.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles condenaron actos de obstaculización, estigmatización y criminalización que, afirmaron, fueron cometidos por autoridades contra familias buscadoras que participaron en movilizaciones realizadas en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.
A través de un pronunciamiento, los colectivos cuestionaron declaraciones realizadas durante la conferencia matutina del 11 de junio en Palacio Nacional, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre una investigación relacionada con el origen de los apoyos económicos que habrían recibido familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México. Según lo expuesto, la indagatoria buscaría esclarecer si existía alguna intención distinta a la búsqueda de justicia.
Nacen tres bisontes en Coahuila y avanza su regreso al norte de MéxicoSe registra sismo de 5.3 en San Marcos, Guerrero; se siente en PueblaLas organizaciones señalan que insinuar desde el más alto nivel de gobierno que una movilización de familias buscadoras pudo haber sido organizada con fines ajenos a las que ellas mismas expresan representan un acto de estigmatización pública. También criticaron que el debate se haya dirigido hacia el financiamiento de los autobuses, en lugar de reconocer la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
En el posicionamiento, los firmantes advirtieron que este tipo de señalamientos no puede considerarse sólo una expresión retórica, especialmente en un contexto en el que los colectivos enfrentan obstáculos en sus búsquedas en campo y presiones de actores no estatales. Afirmaron que una declaración gubernamental de esa naturaleza puede incrementar los riesgos para la seguridad de las familias.
Los colectivos también denunciaron actos de represión y estigmatización en Toluca, Puebla y la Ciudad de México, donde familias buscadoras realizaron actividades de protesta pacífica para aprovechar la visibilidad internacional del Mundial y denunciar la crisis de desapariciones, que supera las 134 mil personas.
De acuerdo con el comunicado, entre el 4 y el 11 de junio se registraron acciones de contención orientadas a impedir, contener o deslegitimar las movilizaciones. En Toluca, antes del partido amistoso entre México y Serbia en el estadio Nemesio Diez, integrantes del colectivo Flores en el Corazón fueron rodeados por policías, incluidos elementos de caballería, mientras realizaban una actividad denominada “cascarita antimundial”, en la que colocaban fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares desaparecidos.
En Puebla, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos fueron cercadas y encapsuladas por alrededor de 300 elementos antimotines cuando difundieron fichas de búsqueda cerca del Estadio Cuauhtémoc. Las organizaciones señalan que varias mujeres fueron empujadas y despojadas de sus pertenencias. Además, indicaron que algunos recibieron citatorios de la fiscalía estatal para el mismo día de la inauguración del Mundial, situación que consideraron una posible maniobra para limitar su participación.
El pronunciamiento también se refirió al contingente de Ayotzinapa. De acuerdo con los firmantes, 17 autobuses en los que viajaban madres, padres y estudiantes normalistas fueron retenidos en la caseta de Tlalpan bajo el argumento de seguridad nacional. Los familiares denunciaron irregularidades en el procedimiento y afirmaron que los artefactos localizados no se encontraban en el lugar durante una primera revisión, además de señalar la posible presencia de una persona infiltrada. Estos hechos derivaron en la cancelación de una mitin prevista en el Hemiciclo a Juárez.
En la Ciudad de México, las organizaciones reportaron que familias buscadoras que se manifestaban de forma pacífica sobre Calzada de Tlalpan durante la inauguración del Mundial fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
Para los colectivos y las organizaciones acompañantes, estos hechos no deben verse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón coordinado de obstaculización del derecho a la manifestación en un momento de alta visibilidad internacional para México.
Ante ello, exigieron al gobierno federal el cese inmediato de declaraciones estigmatizantes y de cualquier investigación que pueda tener como efecto disuadir o penalizar el ejercicio del derecho a la protesta de las familias buscadoras. También pidieron garantizar que ninguna familia sea retenida, cercada u obstaculizada por manifestarse.
En el caso de la retención del contingente de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los estudiantes que los acompañaban, demandaron un esclarecimiento transparente de los hechos, incluida la cadena de custodia de los artefactos hallados y los resultados de las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas por las propias familias.
Respecto a las familias buscadoras de Jalisco, las organizaciones urgieron a garantizar su seguridad ante posibles represalias por ejercer su derecho a la protesta y al libre tránsito.
Los colectivos sostuvieron que las demandas de localización, verdad, justicia y memoria no deben ser silenciadas por ningún evento deportivo. Subrayaron que las familias buscadoras no representan un problema de seguridad nacional ni un asunto de financiamiento político, sino que son víctimas que exigen al Estado verdad y justicia.
El pronunciamiento fue firmado por los colectivos Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Entre Cielo y Tierra Buscando a los Nuestros, Voz de los Desaparecidos de Puebla, Flores en el Corazón y Corazones Robados. También fue acompañado por organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Data Cívica, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Elementa Derechos Humanos y el área de Incidencia en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
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