Cómo portar explosivos sin consecuencias

“Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad”.

Confucio

Clara juega de delanteraEl turno de Adán Augusto

Cuando era niña nos enseñaron que portar explosivos era un delito. Una de esas conductas que el Estado perseguía porque, en teoría, estos artefactos representaban un peligro para la seguridad de todos.

Uno creció creyendo esas cosas. ¡Qué ingenuidad!

Ahora sabemos que antes de revisar el contenido de una mochila, conviene constatar la filiación política de quien la carga.

Desde la semana pasada, integrantes de las normales rurales que acuden a respaldar las movilizaciones de la CNTE llegan a la Ciudad de México transportando decenas de bombas. La autoridad los decomisó. Hasta ahí, normal.

Lo interesante ha ocurrido después: no han habido esposas, no han habido detenciones, no han habido discursos sobre terrorismo doméstico ni conferencias sobre amenazas a la seguridad nacional. Ha habido diálogo. Recomendaciones. Exhortos a comportarse pacíficamente. Como si el problema fuese una falta administrativa. Como si alguien hubiese olvidado pagar el parquímetro.

La escena obliga a actualizar los manuales de educación cívica. Como dije, durante décadas nos explicaron que la ley era general, abstracta e impersonal. Una regla aplicable a todos por igual. Hoy, es evidente, que funciona bajo un principio mucho más moderno: dime quién eres y te diré qué tan ilegal es lo que acabas de hacer.

La transformación cuatrotera resultó más profunda de lo anunciado. Y su grado nocivo lo hemos normalizado de tal suerte que para muchos este hecho que subrayo pasa desapercibido.

En el nuevo modelo mexicano ya no existen conductas graves ni conductas menores. Existen grupos protegidos y grupos prescindibles. Por eso resulta fascinante observar la reacción oficial frente a las protestas previstas en torno al Mundial. Desde el poder se insiste en que todo forma parte de una provocación. Que hay quienes desean proyectar una imagen de caos. Que buscan una nota internacional incómoda. Que intentan fabricar una narrativa.

Dicha explicación, por supuesto, tiene una ventaja enorme: evita hablar del problema real. Porque siempre es más cómodo denunciar conspiraciones que responder preguntas.

¿Por qué hay transportistas protestando? ¿Por qué hay pensionados inconformes? ¿Por qué siguen marchando las madres buscadoras? ¿Por qué los trabajadores de la salud continúan reclamando condiciones laborales? ¿Por qué los campesinos siguen exigiendo atención?

La teoría del montaje tiene una virtud extraordinaria: convierte cualquier reclamo en una intriga y cualquier fracaso gubernamental en una conspiración ajena. Es un truco elegante. Si algo sale mal, la culpa nunca es de quien gobierna. Siempre hay un saboteador escondido detrás del telón.

Pero si prestan un poco de atención, verán que la realidad arruina el libreto. ¿O no las madres buscadoras llevan aaaaaaños pidiendo ayuda para encontrar a sus hijos? ¿O no los médicos reclaman, reclamaban y seguirán reclamando —supongo— mejores condiciones laborales? ¿O no los pensionados tienen razones fundamentales para denunciar reducciones en sus ingresos? Miles de ciudadanos intentan ser escuchados por las vías institucionales. Presentan solicitudes. Acuden a oficinas. Entregan documentos. Esperan respuestas. Y nada de nada.

¡Qué anticuados!

La experiencia reciente demuestra que los procedimientos formales han quedado rebasados. El verdadero mecanismo de atención parece ser otro: bloquear, presionar, paralizar, amenazar la paz pública y convertir el problema propio en un problema político para el gobierno.

Ese idioma sí se escucha. Tan es así que lo perfeccionó Andrés Manuel López Obrador y a partir de ello creó Morena. Ni más ni menos…

No es una conclusión particularmente democrática, pero es difícil llegar a otra cuando quienes cumplen las reglas suelen recibir indiferencia y quienes las desafían reciben interlocución privilegiada y mucho dinero para mantenerlos en raya.

“Las protestas suelen florecer cuando las instituciones dejan de procesar adecuadamente las demandas sociales” (Claus Offe). En el caso mexicano, sin embargo, esto parece haber evolucionado hacia una variante más sofisticada: las instituciones sí escuchan, pero seleccionan cuidadosamente a quién atender. Y esa diferencia cambia todo.

Cuando la ley deja de ser un criterio y se convierte en una herramienta discrecional, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: ya no importa la naturaleza de los actos. Importa la utilidad política de quienes los cometen.

Portar explosivos debería ser grave por sí mismo.

Sin adjetivos.

Sin contextualizaciones.

Sin cálculos electorales.

Sin excepciones ideológicas.

Sin embargo, hemos llegado a un punto donde la discusión ya no gira alrededor de los explosivos, sino alrededor de la identidad política de quienes los transportaban. ¡Guau!

Y cuando un país comienza a debatir quién merece que se le aplique la ley, en lugar de debatir cómo aplicarla, algo muy profundo se ha roto. Remediarlo lleva décadas, siglos y requiere de otros gobiernos, enseñanzas y aprendizajes.

La de hoy no se puede llamar transformación. Ni sensibilidad social. Ni diálogo (esa palabrita que tanto gusta a la presidenta Sheinbaum). Se llama perder la noción de realidad.

Y cuando eso ocurre, la locura deja de ser una metáfora para convertirse en método de gobierno.

Giro de la Perinola

Circula una hipótesis en algunos círculos políticos (yo estimo que más bien es una certeza absoluta): la 4T no se atreve a confrontar seriamente a la CNTE porque hacerlo tendría consecuencias electorales. Que aplicar la ley podría costar votos. Que el cálculo político terminó sustituyendo al criterio institucional.

Es evidente que, en el México actual, hay ciudadanos que deben obedecer la ley y otros que tienen la fortuna de sentarse a negociar con ella.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

Foto Especial

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