Topolobampo, Sinaloa.- Comunidades indígenas mayo-yoreme anunciaron que tomarán de manera indefinida las instalaciones del proyecto de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, en Sinaloa, al acusar que su construcción provocaría daños ambientales graves y afectaciones directas a los pueblos originarios de la zona.
Bajo la consigna “¡Aquí no!”, los habitantes se mantienen desde hace más de una década su rechazo a la obra, considerada una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo. El proyecto, impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente, filial del grupo suizo-alemán Proman, contempla la producción de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoníaco.
Critican al presidente de la UEFA por señalar que hay partidos “aburridos” en el MundialVaya goliza, Alemania vence 7-1 a CurazaoFelipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, informó que la toma de las instalaciones está prevista para el lunes 15 de junio y se mantendrá hasta que existan respuestas concretas a sus demandas. La advertencia ambiental fue hecha después de una reunión con autoridades federales, entre ellas la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena.
De acuerdo con Montaño, el Gobierno de México, a través de la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, propuso instalar mesas de trabajo con las comunidades. Sin embargo, los pueblos indígenas condicionan su participación a que las obras de la planta sean suspendidas de forma paralela.
El vocero sostuvo que el proyecto representa un riesgo para la bahía y para la permanencia de los pueblos originarios en la región. Según explicó, las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río, donde habitan más de 6 mil 600 indígenas, podrían verse afectadas por los impactos ambientales y sociales de la megaplanta en la zona del puerto de Topolobampo.
Durante los 12 años de oposición al proyecto, comunidades indígenas, científicos y organismos internacionales han señalado posibles riesgos relacionados con el funcionamiento de la planta. Entre las preocupaciones está el uso de 2 mil metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoníaco, así como la descarga posterior de esa agua en la bahía con una temperatura superior a la original.
Montaño advirtió que esa diferencia térmica, que podría ser de hasta tres grados, afectaría el ecosistema marino y, en consecuencia, la pesca, una actividad fundamental para la alimentación y subsistencia de las comunidades locales.
El líder indígena también señaló que la propia empresa reconoció en un informe la posibilidad de fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros y afectar a más de 40 mil personas. A su juicio, Topolobampo no cuenta con la capacidad suficiente en bomberos, Protección Civil o Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población en caso de una emergencia.
La bahía de Ohuira forma parte del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocida como sitio Ramsar por su importancia internacional. En la zona habitan aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de relevancia comercial.
Según las comunidades, la planta registra un avance del 88 por ciento y, hasta ahora, se han rellenado 28 hectáreas de humedales, además de afectaciones a manglares y desplazamiento de fauna. Montaño afirmó que la empresa no logró resolver las dudas de los pueblos originarios y reiteró que no aceptarán la continuidad del proyecto.
Las comunidades mayo-yoreme mantienen expectativa tras el rechazo reciente al megaproyecto turístico “Perfect Day” en el Caribe mexicano, pero aseguran que su postura frente a la planta de amoníaco en Sinaloa se mantiene firme.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó realizar una consulta indígena sobre el proyecto. De acuerdo con Montaño, ese proceso favoreció a GPO porque incluyó a comunidades que, según el movimiento, no se verían afectadas directamente. También acusó irregularidades como entrega de dinero y comida, lo que, afirmó, vulnera el derecho a una consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
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Foto: Especial
Djs
