
La Suprema Corte de Estados Unidos aprobó este jueves dos decisiones consideradas clave dentro de la agenda migratoria impulsada durante el gobierno de Donald Trump, al permitir la deportación de hasta un millón de inmigrantes con protecciones previas y autorizar restricciones más estrictas para quienes soliciten asilo en la frontera con México.
El fallo permite que el gobierno estadounidense avance en la expulsión de personas que hasta ahora contaban con protecciones temporales debido a la violencia y crisis humanitarias en sus países de origen, además de respaldar políticas que limitan el acceso de solicitantes de asilo que intenten ingresar por cruces fronterizos oficiales.
Es el turno para las Selecciones de los Grupos G, H e IDiputados de Morena perfilan rechazo a reforma de infancias trans en PueblaEl caso fue resuelto por una votación de 6 a 3, lo que generó fuertes reacciones entre organizaciones civiles y jueces disidentes. Entre ellas destacó la jueza Sonia Sotomayor, quien advirtió que las consecuencias del fallo podrían traducirse en pérdidas humanas al endurecer el acceso a mecanismos de protección internacional.
“Las consecuencias del fallo de hoy son predecibles: más gente morirá”, señaló Sotomayor, al advertir que las restricciones podrían incentivar cruces irregulares ante la imposibilidad de solicitar asilo en los puntos oficiales.
En la misma línea, la organización Al Otro Lado, que impulsó una de las demandas contra estas políticas, criticó la decisión al considerar que contradice la legislación internacional y el marco legal estadounidense en materia de refugio. Su directora ejecutiva, Erika Pinheiro, afirmó que durante décadas Estados Unidos ha permitido que personas que huyen de la persecución puedan solicitar protección en su territorio.
El fallo también abre la puerta a la posible deportación de aproximadamente 350 mil personas originarias de Haití y Siria, quienes habían permanecido en Estados Unidos bajo el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), mecanismo que ampara a migrantes provenientes de países afectados por conflictos o desastres.
De acuerdo con estimaciones, alrededor de 1.3 millones de personas de distintas nacionalidades se encuentran actualmente bajo este esquema, por lo que organizaciones migrantes advierten que la decisión podría tener un impacto amplio en comunidades establecidas desde hace años en territorio estadounidense.
Especialistas en política migratoria señalan que la resolución refuerza la facultad del Poder Ejecutivo para modificar o revocar protecciones migratorias en ausencia de acción legislativa del Congreso. Sin embargo, legisladores demócratas y algunos republicanos ya analizan propuestas para frenar la eliminación del TPS, particularmente en el caso de ciudadanos haitianos que trabajan en sectores esenciales como el sistema de salud.
En paralelo, la administración estadounidense también mantiene otras políticas restrictivas en la frontera sur. Organizaciones civiles han denunciado el despliegue de miles de elementos militares y la coordinación con autoridades mexicanas para controlar el flujo migratorio, lo que, según activistas, dificulta el acceso de solicitantes de asilo al territorio estadounidense.
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