
El gobierno de Cuba manifestó su desacuerdo con las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra empresas vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) y otras entidades relacionadas con la explotación de recursos minerales en la isla, una decisión que vuelve a tensar la relación entre ambos países.
La respuesta oficial fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien señaló que las medidas forman parte de una estrategia para incrementar la presión económica sobre el país caribeño. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el canciller sostuvo que las acciones impulsadas desde Washington buscan endurecer las restricciones económicas que desde hace décadas afectan a la isla.
Tras ratificación de México, se adhiere Reino Unido al Tratado TranspacíficoAseadores de calzado denuncian nuevos robos en el zócalo de TexmelucanLas nuevas disposiciones fueron anunciadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien informó la incorporación de más entidades cubanas a la lista de sancionados. Según explicó, la medida incluye empresas vinculadas a la administración de activos y recursos financieros asociados con Gaesa, así como organizaciones relacionadas con la extracción y comercialización de minerales y metales.
De acuerdo con la posición del gobierno estadounidense, estas acciones buscan impedir que determinadas estructuras empresariales obtengan beneficios económicos mediante actividades que, según Washington, carecen de mecanismos suficientes de transparencia. Además, las autoridades advirtieron que personas o compañías que mantengan relaciones comerciales con las entidades sancionadas podrían enfrentar restricciones similares.
El conglomerado Gaesa es considerado uno de los grupos empresariales más importantes de Cuba, con participación en sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista, la logística, la infraestructura y los servicios financieros. Debido a su peso dentro de la economía nacional, las medidas dirigidas contra empresas vinculadas a este grupo suelen generar repercusiones en distintos sectores productivos.
Las sanciones se producen en un contexto de relaciones complejas entre La Habana y Washington, marcadas durante décadas por diferencias políticas, restricciones comerciales y episodios de acercamiento seguidos de nuevas tensiones diplomáticas. Desde la aplicación del embargo económico estadounidense en la década de 1960, ambos gobiernos han mantenido posiciones encontradas sobre diversos temas relacionados con comercio, derechos humanos y cooperación internacional.
Por su parte, las autoridades cubanas argumentan que las restricciones económicas afectan el desarrollo del país y limitan el acceso a recursos necesarios para impulsar la actividad productiva. En contraste, el gobierno estadounidense sostiene que estas medidas forman parte de su política exterior hacia la isla y están dirigidas a entidades específicas.
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