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Viernes, 10 de Julio de 2026

Detienen en Quintana Roo a Alejandro Mario Álvarez, vinculado a red de empresas fachada

Las autoridades no han detallado el delito específico por el cual se cumplimentó la orden de aprehensión
Viernes, 10 de Julio de 2026 11:53
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Municipios Puebla

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en Quintana Roo al abogado y empresario mexicano Alejandro Mario Álvarez Puga. La captura se ejecutó el jueves 9 de julio de 2026 a las 21:26 horas en el municipio de Benito Juárez, específicamente en la colonia Puerto Cancún, sobre el Boulevard Kukulcán de la Zona Hotelera.

Según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido se encuentra en traslado para ser puesto a disposición de un Juez Federal en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, en la Ciudad de México. Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado el delito específico por el cual se cumplimentó la orden de aprehensión.

Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, estuvieron juntos durante su detenciónSheinbaum ya solicitó a Estados Unidos la extradición de Víctor Álvarez Puga

Alejandro Mario Álvarez Puga es hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la conductora de televisión Inés Gómez Mont. En el año 2000, los hermanos Álvarez Puga fundaron la firma "Álvarez Puga & Asociados", un despacho de abogados y contadores especializados en asesoría fiscal cuyas operaciones comenzaron a ser fiscalizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante sospechas de esquemas de evasión de impuestos.

La detención ocurre en el marco de la causa penal que la Fiscalía General de la República(FGR) mantiene abierta desde 2019 contra la estructura familiar y empresarial de los Álvarez Puga. De acuerdo con las indagatorias ministeriales, se les investiga por su presunta participación en una red de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y defraudación fiscal.

La hipótesis de la FGR señala que los implicados presuntamente se coludieron con exfuncionarios públicos para simular operaciones mediante el uso de empresas fachada y comprobantes fiscales digitales falsos.

Dichas acciones habrían servido para triangular y desviar un estimado de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de contratos públicos celebrados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación. Por este mismo expediente existen órdenes de aprehensión previas emitidas contra Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, así como detenciones de exservidores públicos vinculados al caso.


 

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foto ilustrativa

AV





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