Estados de EE.UU. que permiten licencias a indocumentados en 2026

En Estados Unidos, algo tan cotidiano como conducir sigue dependiendo de una condición clave: el estado en el que se viva. Aunque en buena parte del país tener licencia es un trámite común, para millones de personas sin estatus migratorio regular el acceso a este documento continúa siendo desigual y, en muchos casos, polémico.

De acuerdo con recopilaciones del National Immigration Law Center y la National Conference of State Legislatures, para 2026 un total de 19 estados, además de Washington D.C., permiten que personas indocumentadas soliciten algún tipo de licencia de conducir o permiso especial. En estos casos, no siempre se exige un número de Seguro Social o prueba de residencia legal, lo que abre la puerta a que más personas puedan circular legalmente.

Entre los estados que han adoptado este tipo de medidas se encuentran California, Nueva York, Illinois, Nueva Jersey, Colorado y Oregón, entre otros. Cada uno opera bajo esquemas distintos: algunos emiten licencias plenas, mientras que otros ofrecen permisos de manejo o tarjetas especiales que limitan su uso únicamente al territorio estatal.

En el caso de California, por ejemplo, funciona el programa conocido como AB 60, mientras que Nueva York implementa la llamada “Green Light Law”. Otros estados como Utah y Vermont entregan permisos denominados “Driving Privilege Cards”, diseñados específicamente para autorizar la conducción sin implicar estatus migratorio legal.

Sin embargo, el mapa no es uniforme. Estados como Texas mantienen la exigencia de comprobar presencia legal para otorgar una licencia estándar, mientras que Florida ha adoptado medidas más restrictivas, incluso cuestionando la validez de licencias emitidas en otros estados para personas indocumentadas. Esto ha generado incertidumbre entre conductores que se desplazan entre entidades con reglas distintas.

El debate detrás de estas políticas lleva años abierto. Quienes las respaldan argumentan que permitir el acceso a licencias de conducir reduce riesgos viales, ya que los conductores deben aprobar exámenes teóricos y prácticos, además de contar con seguro vehicular. También sostienen que esto mejora la seguridad pública al evitar que personas manejen sin preparación o sin registro alguno.

En contraste, los críticos señalan que estos documentos no acreditan presencia legal en Estados Unidos y cuestionan su uso como identificación, además de expresar preocupaciones sobre el manejo de datos personales y los costos administrativos que implica su implementación.

Aunque los requisitos varían por estado, los departamentos de vehículos motorizados —conocidos como DMV— suelen solicitar documentos como identificación del país de origen, comprobante de domicilio, pago de tarifas y aprobación de exámenes de manejo. En algunos casos también se acepta el número ITIN, especialmente en estados con políticas más flexibles.

Es importante aclarar que estas licencias no otorgan estatus migratorio legal ni derechos federales. Su función se limita principalmente a permitir la conducción legal dentro del estado emisor y, en muchos casos, facilitar la contratación de seguros de automóvil. Sin embargo, no sirven para votar, abordar vuelos comerciales con identificación federal ni acceder a instalaciones gubernamentales restringidas.

Para los conductores, especialmente en comunidades migrantes, una de las principales preocupaciones surge durante las detenciones de tránsito. Autoridades y especialistas recomiendan portar siempre la licencia vigente, el registro del vehículo y el comprobante de seguro, además de seguir las indicaciones de los oficiales para evitar complicaciones adicionales.

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