Juez bloquea tarifa de 100 mil dólares a visas H-1B impuestas por Trump

Boston, Estados Unidos.- Un juez federal bloqueó la política del gobierno de Donald Trump que imponía una tarifa de 100 mil dólares a las nuevas visas H-1B, utilizadas por trabajadores extranjeros altamente cualificados, al considerar que el cobro no contaba con sustento legal.

El fallo fue emitido este lunes 8 de junio por el juez Leo Sorokin, de un tribunal de Boston, quien resolvió un favor de un grupo de 20 estados que impugnaron la medida. De acuerdo con la resolución, la administración Trump se extralimitó en sus facultades al establecer la tarifa sin autorización del Congreso.

La disposición había sido anunciada en septiembre por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien sostuvo que el objetivo era presionar a grandes empresas tecnológicas y otras compañías para que dejaran de capacitar a trabajadores extranjeros y dieran prioridad a ciudadanos estadounidenses.

En su fallo de 42 páginas, el juez calificó el cobro de 100 mil dólares como una imposición. La demanda contra la tarifa fue encabezada por California, estado considerado la principal base tecnológica de Estados Unidos.

Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso estadounidense en noviembre de 1990, cuando el entonces presidente George HW Bush promulgó la Ley de Inmigración. Actualmente, el programa contempla un límite anual de 65 mil visas, además de 20 mil adicionales destinadas a extranjeros con título de maestría o grado superior obtenido en Estados Unidos.

La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración había anunciado previamente sobre los efectos de la nueva tarifa. De acuerdo con el organismo, el cobro no solo impactaría al sector tecnológico, sino también a industrias como la agrícola, médica y de energías renovables.

Shev Dalal-Dheini, director de Relaciones Gubernamentales de la asociación, cuestionó la medida presentada por Lutnick y afirmó que fue diseñada para generar el mayor caos posible.

Abogados migratorios también habían manifestado inconformidad por la falta de información clara de la Casa Blanca sobre el alcance del cobro, el cual afectaría únicamente a los nuevos peticionarios, así como por la incertidumbre respecto a quiénes podrían quedar exentos.