La fábrica de mártires

“El mártir nunca obtiene la victoria; la obtiene la causa que sobrevive a él”.

Albert Camus

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Existe una vieja superstición del poder: creer que los problemas desaparecen cuando desaparecen las personas. La historia demuestra exactamente lo contrario.

Los líderes pueden ser encarcelados, exiliados, censurados o asesinados. Lo que resulta mucho más difícil es matar lo que representan. De hecho, en ocasiones ocurre algo peor para quienes los consideran un estorbo: la muerte les otorga una dimensión que jamás habrían alcanzado en vida.

Por eso hay una pregunta que no he logrado sacarme de la cabeza tras el asesinato de Joel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

¿Quién gana cuando matan? La pregunta parece obvia. Alguien aprieta el gatillo. Alguien elimina a un adversario, a una molestia o a un obstáculo. Fin de la historia. Pero la política rara vez funciona así.

Joel Bravo había solicitado protección. No era la primera amenaza que enfrentaba. Tampoco era el primer indicio de riesgo. Sin embargo, la seguridad nunca llegó. Los comunicados oficiales sí. Como suele ocurrir en México, las condolencias fueron más rápidas que la prevención.

Y ahí es donde la historia deja de ser solamente un asunto criminal para convertirse en un problema político. Porque un opositor vivo puede ser cuestionado. Puede equivocarse. Puede perder elecciones. Puede cometer errores. Puede desgastarse. Un opositor muerto entra en otra categoría. Se convierte en símbolo. Y los símbolos son mucho más difíciles de derrotar que las personas.

La política latinoamericana está llena de ejemplos. El encarcelamiento fortaleció a Nelson Mandela. El asesinato convirtió a Luis Donaldo Colosio en una figura más poderosa que el candidato que era en vida. La muerte de Benigno Aquino aceleró el derrumbe del régimen de Ferdinand Marcos en Filipinas.

Los seres humanos tienen defectos. Los mártires tienen leyenda.

Por eso resulta tan desconcertante observar una y otra vez la misma secuencia: amenazas conocidas, solicitudes de protección registradas, riesgos identificados y autoridades que actúan con una parsimonia burocrática que raya en la irresponsabilidad. Después llegan las fiscalías. Después llegan los discursos. Después llegan los minutos de silencio. Después llegan las promesas de justicia. Lo único que nunca llega es la oportunidad de evitar el crimen.

Y cuando finalmente ocurre la tragedia, nace algo que ningún gobierno desea enfrentar: la sospecha. No hablo de conspiraciones. Hablo de percepción pública.

La diferencia importa.

Porque incluso cuando no existe una responsabilidad directa detrás de un asesinato, la pregunta inevitable aparece: si el riesgo era conocido, ¿por qué no se actuó? Si la amenaza existía, ¿por qué no se protegió? Si la solicitud fue presentada, ¿por qué terminó archivada?

La ausencia de respuestas termina haciendo más daño que muchas respuestas equivocadas.

Lo hemos visto recientemente en Michoacán. Tras la muerte de Carlos Manzo surgió un fenómeno político que gira alrededor de su memoria y de aquello que representaba para miles de personas. Su esposa, Grecia Quiroz, convirtió el duelo en denuncia. El llamado Movimiento del Sombrero transformó una tragedia personal en una bandera política.

Exactamente lo contrario de lo que cualquier estratega racional habría esperado. Ahí reside la gran paradoja.

Cuando el Estado fracasa en proteger a un personaje amenazado, no solamente pierde una vida humana. También corre el riesgo de fabricar una causa. Y las causas suelen tener una vida mucho más larga que los gobiernos.

Quizá por eso la discusión no debería limitarse a quién disparó. Esa es la tarea de los fiscales. La pregunta política es otra.

¿Por qué seguimos viviendo en un país donde las advertencias previas aparecen una y otra vez en los expedientes de las víctimas? ¿Por qué seguimos descubriendo, después de cada asesinato, que existían amenazas conocidas, peticiones ignoradas y riesgos documentados? ¿Por qué la protección parece abundar para unos y escasear para otros?

México ha terminado normalizando una práctica perversa: administrar la seguridad como si fuera un privilegio político y no una obligación institucional. Hay funcionarios rodeados de escoltas, vehículos blindados y dispositivos permanentes de protección. Hay otros que deben conformarse con un sello de recibido mientras esperan que las amenazas no se conviertan en realidad.

Hasta que se convierten. Y entonces aparecen las fotografías enmarcadas. Aparecen las veladoras. Aparecen las marchas. Aparecen las viudas. Aparecen los sombreros. Aparecen los símbolos.

Y el poder vuelve a descubrir, demasiado tarde, una lección que la historia lleva siglos enseñando. Los adversarios pueden desaparecer. Los mártires suelen quedarse.

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Columna de Verónica Malo en SDP Noticias

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