La junta auxiliar de Santa María La Alta, perteneciente a Tlacotepec de Benito Juárez, están en espera de que el Congreso del Estado determine su reconocimiento como municipio en Puebla; sin embargo, mediante un resolutivo liberaron fondos federales para la ejecución de proyectos.
Tras el bloqueo de la carretera México-Veracruz durante fin de semana, el delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), David Fernández Acosta, estableció una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) para discutir la problemática que atraviesa.
Santa María La Alta administrará recursos tras acuerdos con autoridades y cese de protestas en TlacotepecDebido a que dinero corresponde al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), fiscalizados a nivel nacional, requieren de un acompañamiento y regulación por parte de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, así como de Finanzas.
En respuesta, la demarcación tiene la resolutiva de ley para la administración de este monto, mientras que las autoridades establecerán el mecanismo, siguiendo las reglas normativas, para pueden acceder a él. No obstante, reconoció que tienen completamente la capacidad para su uso.
El funcionario detalló que, independientemente del ejercicio de su derecho, forzosamente necesitan vigilar, toda vez que las instituciones son normativas.
Derivado de las reuniones, señaló que el único punto pendiente es el acuerdo del Poder Legislativo, en donde determine si es que la junta auxiliar cuenta con los requisitos necesarios para convertirse en un municipio más del estado de Puebla.
Previamente, los pobladores de Santa María la Alta, exigían la entrega de recursos públicos retenidos y ser reconocidos formalmente como el primer municipio indígena bilingüe de la entidad.
Mediante una solicitud, evidenciaron al alcalde Martín Camargo, por la exclusión y marginación de las localidades originarias. Además, que la inversión pública se concentraba en la cabecera municipal, excluyendo a las poblaciones nahuas y mixtecas.
Ante el conflicto, los afectados ya interpusieron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar la intervención de los gobiernos estatal y federal.
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Foto: Especial
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