Con modificaciones a la Ley de Deuda Pública, el Congreso del Estado permitió que el gobierno estatal y los municipales adquieran créditos sin necesidad de que la Secretaría de Finanzas y Administración emita un dictamen sobre capacidad financiera.
Puebla, dentro de las 5 capitales con mejor desempeño financieroAplazan burócratas huelga hasta el 31 de enero 2018En un plazo de dos días, los legisladores avalaron en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y en el pleno, la propuesta que envió el gobernadorAntonio Gali Fayad.
La reforma incluye en su artículo 23, incisos a, b y c que: “El Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, ni dictamen de la Secretaría de Finanzas y Administración”.
Además se pide a los ayuntamientos y la administración estatal que los créditos adquiridos deben cubrirse en un plazo menor a un año, no pueden comprometer el 6 por ciento de los ingresos y el pago del empréstito debe concluirse tres meses antes de que finalicen las gestiones de gobierno.
El dictamen que se votó en el pleno no considera a los Proyectos de Prestación de Servicio (PPS) deuda pública, pese a que a nivel federal este esquema de financiamiento de obras tiene que quedar registrado por los estados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como obligaciones financieras.
De manera oficial, el gobierno de Puebla reconoce como PPS el Centro Integral de Servicios (CIS), Museo Internacional Barroco (MIB) y la plataforma para Audi, obras que suman 8 mil 194 millones de pesos y que se pagarán hasta 2038.
Dejan fuera escoltas para Carrancá
Además de la reforma a la Ley de Deuda Pública, los legisladores validaron la iniciativa de Gali Fayad de modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), proyecto del que descartaron dar a Víctor Carrancá Bourget un servicio de escoltas cuatro años adicionales a su gestión.
Sin embargo, los diputados dieron su voto a favor de que los policías ministeriales, a los cuales ahora se les denominará agentes investigadores, puedan usar armas de fuego al argumentar legítima defensa y peligro inminente de muerte o de lesiones graves.
También por situaciones en las que se tenga como propósito evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente peligro y oponga resistencia.
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