El futuro político, económico y social del país y, sobre todo, el omnipotente control que pretende tener el compañero y camarada presidente Andrés Manuel López Obrador está en juego.
Los escenarios que se plantean frente a la reforma constitucional de la Industria Eléctrica son dos, o se aprueba tal como viene o se rechaza en su totalidad.
Si se aprueba, AMLO logra su objetivo de control absoluto de las variables económicas y políticas. Si se rechaza, AMLO tendrá que buscar condiciones de negociación con los partidos de oposición y las diversas fuerzas sociales para encauzar su gobierno.
Lamentablemente, la propuesta de AMLO no es negociable, como no lo han sido ninguna de sus iniciativas, mismas que el Congreso ha aprobado sin mover una sola coma. Así ha sucedido con todas las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado, sin excepción, han sido aprobadas sin modificaciones ni debate político y sin considerar las posturas de los diferentes sectores de la sociedad.
La aprobación de la Miscelánea Fiscal
Sin embargo, la nueva configuración del Congreso de la Unión, esta vez más plural, dificulta la imposición de los criterios absolutistas del compañero y camarada presidente.
El ejemplo más cercano de cómo trabajan AMLO y Morena se vio claramente con la aprobación de la reciente Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal.
Aunque AMLO presume de demócrata y de escuchar a todas las voces, la realidad es muy distinta, él como Salinas, engaña con la verdad y se atreve a cuestionar lo que practica: “Y de ahí viene también la simulación política, porque en la Constitución se establecía la división, el equilibrio entre los poderes, pero en la práctica, en la realidad los poderes Legislativo o Judicial eran apéndice, estaban subordinados. Entonces el presidente era el que ponía a los diputados, a los senadores, a los jueces, a los magistrados, a los ministros, a todos, al procurador”.
En algo que ya no sucedía desde hace décadas, Morena y sus partidos satélite no permitieron sumar las conclusiones del Parlamento Abierto en la Miscelánea e impidieron la difusión correspondiente, la Cámara Baja se convirtió en un apéndice de la presidencia de la República, toda vez que, para no irritar a AMLO, no movieron ni una coma y la iniciativa se aprobó con 260 votos a favor de Morena y sus satélites el PT y PVEM sin tomar en cuenta ninguna de las más de 400 reservas presentadas por el bloque opositor conformado por PAN, PRI, PRD y MC que votaron en contra.
Tan desaseado fue el proceso que cuando hablaban los legisladores de oposición, los morenistas se volteaban, como si le dieran la espalda al pueblo de México y no sólo eso, aparecieron los “porros”: un legislador de Morena golpeó por la espalda a otro del PAN y Fernández Noroña agredió a Margarita Zavala por ser esposa de Felipe Calderón.
No cabe la menor duda de que mientras más se aproxime la votación de la reforma eléctrica, habrá más acusaciones en contra de los legisladores opositores. Apenas el lunes pasado apareció Manlio Fabio Beltrones y ya el día de ayer jueves, AMLO lo atacó: “Bueno, en la Cámara se pusieron de acuerdo PRI y PAN y era presidente de la Cámara de Diputados Manlio Fabio Beltrones, ahí están los testimonios, se pusieron de acuerdo con Fox y me desaforaron, votaron juntos PRI y PAN”.
En otras palabras, aquel que se atreva a cuestionarlo se atendrá a las consecuencias, para eso AMLO tiene a su fiscal carnal, Alejandro Gertz Manero.
La Miscelánea Fiscal es un primer paso hacia la consolidación de un gobierno absolutista al quitar toda clase de incentivos de participación de la Iniciativa Privada en tareas de Responsabilidad Social, porque según AMLO: no es función de las empresas invertir en obras sociales sino cumplir con la inversión, creación de empleos y el pago de contribuciones al Estado.
Con esta disposición se confirma la intención del presidente de restaurar las políticas clientelares y asistencialistas más añejas y perversas que utilizó el PRI para consolidar el poder.
La Miscelánea Fiscal choca con la Ley de Hidrocarburos en materia de Impacto Social, que se contempla en el Artículo 119, donde se obliga a las empresas a tener estudios de impacto y programas de apoyo a grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad en las áreas donde se desarrollan los proyectos energéticos, cumpliendo con criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.
Esta ley no solo permitió el desarrollo de los proyectos de las empresas privadas y del Estado como la CFE, sino que incorporó a miles de mexicanos a tareas productivas, empleos dignos, capacitación y mejora en su calidad de vida, tan es así, que en estados donde nunca se había logrado hacer obras de infraestructura, como en Oaxaca, la inversión privada representa más de dos puntos del PIB y las comunidades están satisfechas.
Algo que deberán considerar AMLO y Manuel Bartlett (con todo y sus millones en paraísos fiscales) es que, además de las indemnizaciones o litigios internacionales que deberán afrontar, afectarán de forma directa a las comunidades más vulnerables porque les quitarán la oportunidad de desarrollo y de contar con mejores servicios.
Si la divisa de cambio del compañero presidente es la simulación, la mentira y la amenaza ¿aceptará que le rechacen su iniciativa eléctrica? Y de no conseguirlo, ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar?
