Puebla, Pue.- La Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó a un juez órdenes de aprehensión en contra del exdiputado del PRI Antonio Tarek Abdalá, y del contador Víctor Manuel López Gachúz, por su presunta participación en la operación de una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron millones de pesos en el gobierno de Javier Duarte.
Denuncia IMSS página de internet apócrifaRevelan que COVID19 podría causar derrames cerebralesTambién se pidieron órdenes de arresto en contra de 23 personas más entre accionistas de empresas fantasma y exfuncionarios de Veracruz, de los cuales 10 ya fueron detenidos y encarcelados el pasado fin de semana. Este jueves se llevará a cabo la audiencia en la que un juez definirá si los vincula o no a proceso por múltiples delitos de fraude y corrupción.
El exdiputado federal del PRI Antonio Tarek Abdalá, se desempeñó en el gobierno de Duarte primero como director de Finanzas del DIF de Veracruz, y luego como tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal.
En tanto, el contador Víctor Manuel López Gachuz, es cabeza de un despacho de contadores denominado GLG Empresarial, y dueño de restaurantes y otros negocios.
Los fiscales añadieron que los presuntos implicados fueron citados en calidad de imputados para que respondieron por los cargos, pero no comparecieron, motivo por el cual se consideró necesario solicitar las órdenes de aprehensión en su contra, principalmente porque en el caso de varios de ellos no existe certeza de su paradero.
Todos ellos están implicados en una operación fraudulenta que fue documentada y revelada desde 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con la cual se consiguieron desviar más de 3 mil 600 millones de pesos de una decena de dependencias e instituciones del gobierno de Duarte.
Sin embargo, por ahora la acusación de la Fiscalía estatal se centra solamente en lo ocurrido en una parte del fraude ocurrida en el DIF de Veracruz y está relacionada con 28 contratos a empresas fantasma que asciende 112 millones de pesos. Se trata de los mismos hechos por los cuales nuestro país ya solicitó al Reino Unido la extradición de Karime Macías, procedimiento que se encuentra en desarrollo.
De acuerdo con los documentos ministeriales a los que Animal Político tuvo acceso, la lista de los 25 imputados la componen nueve exservidores públicos del DIF local y 16 accionistas y/o apoderados de las empresas que simularon operaciones que le facturaron a dicho organismo.
Para la Fiscalía de Veracruz todo este entramado de irregularidades deriva en la posible comisión de múltiples delitos que van desde el fraude específico, hasta la coalición, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad e incluso asociación delictuosa.
De los 23 imputados restantes hay diez que ya fueron detenidos. Siete son socios o apoderados de las empresas Pefraco, Anzara, Rinoxa, RAVSAN Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Grupo Balcano y Centro de Negocios CERENE, que ya fueron calificadas de forma definitiva por el SAT como empresas que facturan operaciones simuladas. A estas personas los fiscales les imputan el delito de fraude especifico en agravio del DIF de Veracruz.
Con información de animalpolitico.com
agb
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